Los despachos judiciales encargados de sacar adelante las reclamaciones por la adquisición de camiones de más de seis y de dieciséis toneladas, comprados a media docena de renombradas marcas que acordaron no vender los vehículos por debajo de un precio, han iniciado ya sus primeras reclamaciones ante la propias fabricantes.
La Comisión Europea sancionó esta práctica de coordinación de precios, en conjunto, con una cuantía de casi 3.000 millones de euros, y en la provincia de Zamora se estima que el número de camiones puede estar entre los 2.500 y 3.000. La infracción abarcó la totalidad del Espacio Económico Europeo desde el 17 de enero de 1997 hasta el 18 de enero de 2011. El caso es conocido como "el cártel de los camiones".
Responsables de Esteban&Lozano abogados y la consultora Siete60 ponen de relieve el hecho de que haya una resolución europea "que garantiza la fuerza de esta petición y también el que las marcas hayan reconocido la responsabilidad". Subrayan que la garantía será aún mayor "si estamos juntos porque la fuerza será mayor" aunque no se muestran partidarios de llevar adelante "una demanda colectiva". El precio pagado por los compradores, "aunque varía en cada modelo y marca de camión", se entiende que tiene un sobreprecio de entre el 10 y el 20%.
El trabajo para llevar adelante la reclamación es "un trabajo de peritación y cálculo, camión por camión", y tanto la consultora como el despacho de abogados consideran que "los resultados dependen de la buena voluntad de las casas y de si entienden que el cálculo es el adecuado". "Nuestra opinión es que lo lógico es alcanzar un acuerdo extrajudicial entre las partes, máxime cuando se ha reconocido la culpa, pero una cosa es predicar y otra dar trigo" expresan fuentes del juzgado.
El hecho de que el plazo para la presentación de reclamaciones finalice el 19 de julio ha movilizado a los interesados porque no quieren tener que enfrentarse luego a una posible prescripción.
La Unión Europea publicó en su diario la decisión de la Comisión con los nombres de las empresas implicadas, todas ellas de renombre: Volvo/Renault, Iveco, MAN, Daimler/Mercedes y Daf, así como las sanciones impuestas. "La infracción consistió en acuerdos colusorios sobre fijación de precios y los incrementos de los precios brutos de los camiones en el Espacio Económico Europeo, y el calendario y la repercusión de los costes para la introducción de tecnologías de emisiones en el caso de los camiones medios y pesados exigidas por la UE".
La Comisión tuvo en cuenta, a la hora de establecer las multas, las ventas de las empresas de camiones medios y pesados en el EEE durante el año anterior al final de la infracción; así como el hecho de que la coordinación de precios es una de las restricciones de competencia más graves. También consideró la duración de la infracción, la elevada cuota de mercado y el hecho de que la infracción abarcara a todo el Espacio Económico Europeo y, además, un importe adicional para disuadir a las empresas de participar en prácticas de coordinación de precios".
