La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a Iberdrola por el posible incremento del precio del mercado de la cosecha de megavatios obtenida, en buena parte, en las centrales hidroeléctricas zamoranas y salmantinas. Algunas de estas centrales fueron investigadas por el caso que hoy investiga la Audiencia Nacional.

La eléctrica niega con toda firmeza, según informa, "haber realizado manipulación fraudulenta alguna". La supuesta manipulación del precio se dio entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.

Iberdrola, que tiene en Zamora y Salamanca la gran meca de la generación hidroeléctrica, ha visto estos días registradas sus sedes de Bilbao y Madrid, al considerar la Audiencia Nacional que la sociedad pudo obtener con el presunto delito mercantil un lucro "de 20 millones de euros".

La eléctrica señala que Iberdrola Generación España "ha prestado toda su colaboración al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)", y manifiesta que " el grueso de la información solicitada ya obra en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), que realizó desde 2013 una investigación completa, y dictó una resolución definitiva en vía administrativa sancionadora -25 millones de euros- en noviembre de 2015 por los mismos hechos ahora investigados".

Contra esta resolución administrativa se tramita en la actualidad un recurso de Iberdrola Generación ante la sección 4 de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Además, a raíz de la presentación de este recurso, admitido a trámite en febrero de 2016, la Audiencia Nacional decidió suspender cautelarmente el pago de la sanción impuesta por la CNMC en tanto en cuanto no se resolviese el fondo de la cuestión.

Iberdrola Generación considera que "no hubo una manipulación tendente a alterar el precio de la energía eléctrica", y expone como motivos "que no se interfirió en el proceso de formación del precio en el mercado eléctrico, que no medió en ningún momento engaño o fraude, y que nunca hubo intención de alterar el precio de la electricidad, sino que, durante todo el periodo analizado se actuó siempre como un gestor prudente y razonable de las centrales hidroeléctricas investigadas, probado mediante la presentación de informes de expertos cualificados independientes".

La compañía sostiene que su comportamiento "fue perfectamente racional y legítimo, y los hechos en los que se basa el expediente, respecto de los que por su propia transparencia no hay discusión, se interpretan y califican por la CNMC de manera incorrecta y sesgada a través de una serie de inconsistentes juicios de intenciones". Pone de relieve que "la compañía no obtuvo ningún beneficio con esta supuesta actuación, ya que tenía una posición neta compradora en el periodo analizado, por lo que, aparte de no tener capacidad de incrementar el precio del mercado por carecer de posición de dominio en el mismo, no tenía ningún interés en que se incrementara dicho precio".

Destaca que "la resolución del expediente sancionador es incoherente con decisiones previas de la CNMC, que ya se había pronunciado acerca de las circunstancias "atípicas" (alta demanda eléctrica - ola de frío -, subida del precio del gas, ausencia de viento y de lluvia, entre otras) que concurrieron en el mercado eléctrico en las semanas previas a la celebración, el día 19 de diciembre de 2013, de la 25ª subasta CESUR )Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso). Subraya Iberdrola que "la Audiencia Nacional ya anuló, el 4 de julio de 2012, la única sanción (de 2,4 millones de euros) impuesta a Iberdrola Generación basada en el mismo tipo sancionador". La anulación, dice, se basó en la falta de prueba de los elementos que requiere la infracción, que tampoco se han probado en el caso presente".

El caso es una liza más de un sector estratégico y vital, dado a magnos retos y grandes intereses. La energía eléctrica tiene en la provincia de Zamora uno de las grandes manantiales por la importancia de sus embalses y grupos de generación. La corriente eléctrica es un suministro tan esencial y ciudadano que el consumo de kilovatios es signo de desarrollo industrial, económico y social. Su insuficiencia es una desgracia llamada pobreza energética, o una agresión si el corte del fluido es inclemente.

El calado del sector eléctrico lo revela el hecho de que el Gobierno cuente con un Ministerio de Energía. Y nadie se le escapa que el Estado es gigavoltáico de primer orden al contar con centrales y embalses de gran capacidad, por gozar de omnipotencia como operador del sistema eléctrico y por haber convertido la factura eléctrica en un bollo preñado de impuestos y peajes del que se nutren los presupuestos generales. Todo al margen de convertir al sector en un nicho de puestos amigables logrados por cruzar, no una dura oposición, sino las renombradas puertas giratorias.

El sector eléctrico es considerado realmente estratégico por todo país, que nada más desean que la independencia energética. Pero es un olimpo de enormes competencias entre sociedades de la misma cuña -la pública Endesa, que costó grandes sacrificios rurales, pasó en un 70% a manos de la italiana Enel- de superlativas inversiones -con amor hoy día hacia las energías limpias y alternativas- de sonoros pelotazos -tramas eólicas- de presiones en el sostenimiento de centros de producción -centrales térmicas y nucleares- y también muy susceptible a precios de alto beneficio. Dinero y litigios son tan del alma de las Eléctricas como los vatios.