Las monterías y "toda modalidad" de caza mayor que tanto conmueven los ánimos de los cazadores corren el riesgo de irse a pique en la provincia de Zamora, y en gran parte del país, si sale adelante el Real Decreto que desarrolla las normas de control de subproductos no destinados al consumo humano y de sanidad animal en la práctica cinegética.

El empeño del Gobierno de la Nación con el nuevo proyecto normativo, que pretende poner en vigor en enero de 2018, es que los cazadores cumplan con la fauna salvaje casi los mismos requisitos que los ganaderos con los animales domésticos en cuanto a la recogida y al tratamiento de cadáveres.

La Asociación Zamorana para la Defensa de la Caza y de la Pesca (Azadecap), entidad que colabora con la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC), ha salido al paso y participado de forma muy activa en las alegaciones al proyecto del Real Decreto al considerar que, "tal como se especifica, tendría una enorme repercusión en las cacerías colectivas en Zamora y en general de toda Castilla y León".

Su presidente, Antonio de José, señala que, de aprobarse el Real Decreto tal y como lo plantea inicialmente Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "todas las cacerías colectivas de caza mayor de todo el territorio nacional en las que el número de puestos sea superior a 40 o el número de piezas abatidas sea superior a 20, deberán cumplir un pliego de condiciones excesivamente complicado y económicamente inviable para la mayoría de las cacerías que se realizan en la provincia".

Los condicionamientos fijados establecen "medios que permitan el transporte de los animales abatidos, zona de fácil limpieza y desinfección, uno o varios contenedores estancos, acreditación de compromiso de retirada de los subproductos con una empresa debidamente autorizada o registrada, excepto en el caso de enterramiento y medios para garantizar el correcto enterramiento

Desde Azadecap considera que dicho pliego de condiciones "únicamente sea exigible en comarcas declaradas de alto riesgo puesto que las condiciones preestablecidas son extremadamente complicadas y excesivamente exigentes técnica y económicamente". Subraya el colectivo zamorano que "de llevarse a efecto, sometería a determinadas zonas sin riesgo o con bajo riesgo al cumplimiento de tales condiciones, que únicamente derivarían en un abandono de las modalidades tradicionales de caza (monterías, batidas y ganchos) y por consiguiente a un aumento de las poblaciones de ungulados silvestres, provocando un efecto contrario al pretendido (mayores riesgos sanitarios, mayores daños a la agricultura, mayores riesgos por atropellos, mayor competencia con el ganado".

Antonio de José apunta que "en el momento en que vea la luz este proyecto, tal como consta, desaparecen las cacerías porque se incumplirían los requisitos desde el minuto uno". Pone de relieve el presidente de Azadecap que "en la provincia de Zamora las cacerías son en muchos casos sociales y apenas si paga la comida a los rehaleros".

Antonio de José considera que los cazadores están en su deber de presentar alegaciones a un Real Decreto que supone un golpe de gracia a la actividad cinegética en Zamora.