La propia Unión Nacional de Asociaciones de Caza ha saltado ante el Real Decreto e indica que "los costos de gestión de las reses y de sus restos, propuestos por el procedimiento sometido a exposición pública hasta el pasado 20 de abril, son inasumibles por las sociedades de cazadores, entidades sin ánimo de lucro, que gestionan más del 70 % del territorio español para un bien común como es el control poblacional, atajando o controlando enfermedades, evitando accidentes de tráfico y daños a la agricultura".

Por otra parte, expone la UNAC, "la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "dispara con pólvora de rey al pretender que la gestión se realice a través de empresas privadas, por ejemplo, de unos simples colmillos de jabalí. En esa línea, pretender que en todo el territorio nacional, el cazador social en sus cacerías colectivas contrate un contenedor para subproductos en aquellos casos en los que se únicamente se presupongan más de 20 capturas parece una medida ajena a la realidad del mundo de la caza".

Otra de las cuestiones a las que la UNAC ha presentado alegaciones es por considerar "excesivo aplicar el régimen sancionador de la Ley de Sanidad Animal". Precisan que, "primero, al tratarse de subproductos animales no destinados al consumo humano; segundo, el colectivo de cazadores está ejerciendo una actividad que beneficia al interés general al intentar evitar la propagación, control y vigilancia de enfermedades; y tercero, al coincidir con actividades no comerciales ni económicas siendo en la mayoría de las ocasiones de ámbito social y sin ánimo de lucro".