La Junta de Castilla y León únicamente abonará las ayudas al cultivo de la remolacha de la campaña 2011-2012 a aquellos agricultores que las hayan reclamado por la vía judicial y hayan conseguido una sentencia firme que les de la razón. Así de tajante se mostraba ayer la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, sobre las primeras resoluciones de los tribunales acerca de las ayudas que la Administración autonómica convocó y posteriormente retiró.

Marcos considera que ese es "el procedimiento normal" y asegura que "la Junta paga lo que puntualmente debe", recordando que "el pasado año ya se liquidaron más de 300.000 euros de todas las sentencias firmes que han llegado". En este sentido, la consejera señaló que "existe otro proceso abierto, que en este caso inició la Alianza UPA-COAG y hay una serie de remolacheros que están esperando a esa sentencia", por lo que cabe esperar a conocer el resultado de ese proceso.

Apoyo al sector

Para la consejera, sin embargo, "lo importante" es que "el cultivo de la remolacha se está potenciando desde la Junta de Castilla y León y que en este momento se ha solicitado a la Comisión Europea que nos permita aumentar las cuantías que van a recibir los agricultores en hasta un 21% más si realmente se siembra en cuatro hojas, que es lo que menos impacta al medio ambiente y por eso se pide desde Bruselas", de forma que los agricultores de remolacha podrán recibir hasta 500 euros por hectárea.

Igualmente, Marcos valoró que "la remolacha tiene futuro" en la región porque desde la Junta están trabajando con Azucarera "para que haya un contrato estable que beneficie a los agricultores, que incrementen incluso su rentabilidad y con ello podamos aumentar la capacidad de producción y que así las azucareras también puedan llegar al 100% de su capacidad de molturación". La consejera cree que así ese beneficio "se traduciría en beneficio para el agricultor".

Estas medidas pretenden dinamizar la producción, beneficiando a los agricultores de remolacha, después de que la Unión Europea ordenar la liberalización del sector, creando un momento de incertidumbre sobre el futuro.