El archivo por parte de la Fiscalía de las denuncias sobre presuntas irregularidades presentada por el equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Mahíde contra el anterior gobierno del PP no va a cerrar la causa. Así lo confirmaban ayer el alcalde y el teniente de alcalde del municipio alistano, Roberto Cisneros y Julio Mata, durante una rueda de prensa junto al portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Antonio Plaza.

Aunque "respetando" la decisión de fiscal, los representantes municipales cuestionaron el archivo de la denuncias con todos y cada uno de los hechos presentados. "Pediremos que el secretario aporte la documentación y justifique lo que ha presentado al fiscal porque está claro que hay cosas que no se hicieron bien" insistió el teniente de alcalde. "El archivo no lo ha realizado ningún Juzgado, por lo que nuestro siguiente paso será seguir intentando depurar responsabilidades ante los tribunales de Justicia y desde luego poner en conocimiento de la Fiscalía y del Consejo de Cuentas todas las cuestiones relacionadas con las cuentas generales del Ayuntamiento de Mahíde y por ende las relacionadas con la contabilidad de la que el secretario interventor es responsable".

Julio Mata desgranó algunas de esas "irregularidades" de la época de Juan Garrido de alcalde, como la compra de 37 jamones en el año 2011, que según el fiscal fueron entregados a empleados municipales, pero "cómo es posible que habiendo 3 trabajadores se hayan podido gastar esa cantidad de dinero en jamones". Los responsables del PSOE hablan de una media de 2.500 euros anuales "en regalos".

También insistieron en la existencia de facturas "presuntamente falsas o duplicadas, con un concepto distinto para la Diputación y otro para el presupuesto, y otras que han quedado sin pagar aún estando presupuestadas".

Aludieron de nuevo al gasto en combustible, haciendo uso de la tarjeta del Ayuntamiento los fines de semana "cuando lo habitual es que los suministros se produzcan en días laborables apuntó Julio Mata, para precisar después que con el actual gobierno municipal "se ha producido un ahorro de 5.000 euros".

Pese al archivo de la Fiscalía, "entendemos que de los hechos denunciados se desprenden presuntos delitos de malversación de caudales públicos y una situación económica que ha dejado al Ayuntamiento al borde de la ruina".