Las dificultades con las que se encuentran a diario agricultores y ganaderos en el medio rural para realizar trámites a través de las certificaciones digitales vuelve a suscitar la denuncia de la Alianza UPA-Coag, que pone en evidencia los "problemas" en la tramitación administrativa con los que se encuentra a diario el sector.
La cuestión es que el obligatorio uso de certificados electrónicos para personas jurídicas dentro de la Administración Electrónica del Ciudadano de la Junta de Castilla y León está generando "más problemas e inconvenientes que beneficios a los ciudadanos del medio rural".
Alerta la Alianza de la brecha digital "evidente" que existe hoy en día entre el medio urbano y rural, "entre otros motivos por el déficit de infraestructuras y falta de planes de apoyo a los habitantes de los pueblos, hasta el punto de que la misma conexión a internet entraña muy serias dificultades".
La organización agraria se pregunta "cómo es posible realizar una teletramitación con registro electrónico para entrar en la Ventanilla del Ciudadano si en algunos casos la banda ancha en el medio rural es bastante deficitaria y en otros casos sencillamente utópica".
Estudio sociológico
Ante las evidentes dificultades con las que se encuentra el sector para el uso de las nuevas tecnologías , la Alianza reclama a la Junta de Castilla y León "sentido común para que la tramitación de importantes gestiones se puedan seguir haciendo con el sistema tradicional y que pueda convivir con el sistema electrónico hasta que desaparezca la brecha digital entre el medio rural y el urbano, porque el modo telemático a día de hoy en vez de reducir tiempos lo que hace es alargarlos y dificultarlos".
Denuncia la Alianza que la obligatoriedad para las personas jurídicas (sociedades, asociaciones, cooperativas, comunidades de bienes, sociedades civiles, titularidades compartidas, comunidades de regantes, juntas agropecuarias locales?etc) en la tramitación de gestiones con certificados digitales, "más que acercar la Administración al ciudadano a día de hoy, en algunos casos, lo que hace es poner más trabas al pretendido objetivo de agilizar la gestión burocrática".
Y en este contexto, Upa-Coag hace referencia al estudio sociológico a nivel regional, recientemente publicado, en el que se concluía que casi la mitad de la población rural de Castilla y León no usaba Internet, "entre otras cosas por las infraestructuras existentes y por las escasísimas políticas locales en inversión digital".
