Una de las preocupaciones de las autoridades está en el destino de las setas recolectadas ilegalmente y sin control, con destino al mercado agroalimentario, por miedo al peligro real de que se originen problemas de salud pública, muy en concreto envenenamientos al consumir las setas. La normativa Micocyl prohíbe "la actividad de compra y venta de setas en los montes y caminos forestales". Allí donde esta actividad está regulada serán los propios ayuntamientos los que "designarán los espacios o locales expresamente autorizados para ejercer la actividad".