La Junta de Castilla y León apuesta por una solución "viable y definitiva" que acabe con los problemas de contaminación del agua en la comarca de Sayago. Un problema que, como admitió ayer el delegado territorial Alberto Castro "es repetitivo", aunque la Administración regional no lo considera "urgente" y, de hecho, este año no puede contemplarse una posible financiación a las obras que se tienen que ejecutar en la planta potabilizadora de Carbellino "porque el presupuesto está cerrado".

Así se lo aclaró ayer el delegado de la Junta a los alcaldes de la Mancomunidad Sayagua que acudieron a la reunión celebrada en Zamora dentro de la ronda de contactos que están manteniendo con las administraciones para intentar obtener financiación. Si algo quiso dejar claro Castro, hasta en tres ocasiones, es que "las competencias en depuración y potabilización del agua son municipales y son los ayuntamientos los que tienen que recibir la notificación de si el agua es apta o no apta y comunicarlo a los vecinos".

Sobre un compromiso económico de la Junta, el delegado precisó que van a esperar a recibir la propuesta de la Mancomunidad y después los servicios técnicos de Medio Ambiente valorarán si es viable. "Cuanto tengamos una solución clara y la cuantificación del problema, nosotros estamos dispuestos a sentarnos y por supuesto a un entendimiento". Pero insistió en que "la propia Consejería de Medio Ambiente determina que las competencias son municipales, con extensión a la Diputación y la colaboración de la Junta". Una aclaración implícita a la institución provincial, que en la reunión de dos días antes con la presidenta Mayte Martín Pozo ofreció los servicios técnicos para buscar soluciones y trasladarlas a la Junta.

Verano de 2017

El presidente de la Mancomunidad Sayagua, Carlos Vega, confió en que el problema esté solucionado para el verano de 2017; "es por lo que venimos a luchar". Aclaró además que los ayuntamientos "no tenemos dinero" para abordar una obra que supera los 400.000 euros, como es la máquina de ozono en la cabecera de la planta. Y tampoco para instalar los cloradores, cuyo coste puede oscilar entre 4.000 y 12.000 euros, por lo que confía en el apoyo de la Junta y la Diputación. No obstante Carlos Vega aclaró que la empresa concesionaria, Sayagua Servicios, "también pondría una parte de la financiación de las obras a realizar".

Alberto Castro se refirió también a la decisión de los colegios de Almeida y Bermillo de no permitir a los alumnos beber agua del grifo, a pesar de que está declarado el agua oficialmente potable. "Estas decisiones no hacen más que alarmar a padres y alumnos; el asunto ya está en manos de la Dirección Provincial de Educación y se va aclarar a los directores que Sanidad no tiene que informarles de nada que tenga que ver con el agua, son los ayuntamientos los que reciben la notificación oficial e informan a los vecinos y también al colegio".