Los sindicatos agrarios insisten en su exigencia de que se abatan todos los lobos fijados en el cupo por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, al norte del Duero, y que en la provincia de Zamora suman un total de 120 hasta el año 2019, y 429 en el conjunto de la región. "Debe facilitarse la caza desde el inicio y no esperar a que las inclemencias del tiempo u otras causas dejen al final los cupos sin cumplir", expresó ayer el responsable de Medio Ambiente de Coag, José Manuel Soto, reiterando una reclamación de la Alianza UPA-COAG que viene de años atrás.
Por su parte, la Organización No Gubernamental WWF pide a la Junta de Castilla y León "que detenga el acoso contra el lobo y sea una especie protegida en todo el territorio nacional".
"Los cupos que establece la propia Junta deben cumplirse porque hay que controlar la especie. Están los costes de los daños y no solo pierden los ganaderos, también la sociedad porque todos los gastos del lobo salen del erario público y se gasta mucho en el mantenimiento de una especie que hay que controlar al máximo" expresa José Manuel Soto, que repara en que "ningún país de Europa contiene el número de lobos de Castilla y León".
Para el representante de COAG "El mito de que el lobo está en extinción es falso". Asegura que "el único que está en extinción es el ganadero". Pone de manifiesto que "luchar contra la despoblación del medio rural es un caballo de batalla y si solo se mira para que la fauna esté bien la gente tendrá que marchar". Hay zonas, dice, "donde no se puede sembrar nada".
La ONG WWF, por su parte, pide al próximo Gobierno "que el lobo sea una especie protegida en todo el territorio nacional". Denuncia que "la Junta de Castilla y León continúa con su política de acoso y persecución al lobo, en este caso al norte del Duero al estabelcer un cupo para tres años, con un total de 429 hasta 2019". Según expresa en un comunicado la WWF r"echaza la resolución de la Junta porque no tiene en cuenta las variaciones anuales del número de manadas, estableciendo de manera arbitraria el cupo de 143 lobos abatidos cada año" y critica "la nula participación social en el proceso, ya que desde 2014 no se han convocado los correspondientes órganos de participación previstos en el plan de gestión de la especie".
Luis Suárez, responsable del Programa de Especies de WWF España expresa que "la decisión de la Junta de fijar en 429 los cupos de caza del lobo ibérico solo sirve para simplificar la gestión, reducir la participación y, sobre todo, garantizar la presión continua sobre la especie". WWF rechaza el cupo de caza "ya que se ha establecido en fechas muy tempranas, cuando difícilmente se ha podido realizar un buen censo de manadas seguras, al estar los cachorros todavía en sus madrigueras, y se mantiene el mismo cupo de caza de 2015, el más alto de la historia fijado para la especie. Además, al establecer un cupo para tres años no se tiene en cuenta posibles variaciones anuales en las condiciones ambientales (alimento y condiciones climáticas) o sociales (por ejemplo mayor muerte por furtivismo, venenos o atropellos), que puedan repercutir en el número de manadas".
WWF también denuncia que este cupo se ha realizado sin participación social. Desde hace dos años la Junta no reúne a ningún órgano de participación, ni del antiguo ni del nuevo plan de gestión y diseña la gestión del lobo sin escuchar los diferentes sectores y sin ningún tipo de asesoramiento científico. WWF rechaza que la junta insista en su política de aislamiento y siga gestionando al lobo bajo el dictado de las presiones a las que es sometido por parte de determinadas organizaciones profesionales agrarias.
WWF afirma que "emprenderá acciones legales contra la continua persecución a la que está siendo sometida la especie en Castilla y León. Por ello, volverá a reclamar ante el próximo gobierno de España que el lobo sea una especie protegida en todo el territorio nacional y que se cambie radicalmente el actual modelo de gestión basado en la persecución sistemática de la especie".
