Los grupos municipales de Puebla consensuaron la moción presentada por el portavoz del Grupo Popular, Rafael Chimeno, para pedir a la empresa trasladar la polémica antena de telefonía del Barrio Varela al alto de la Estación, dar altura y solventar la falta de cobertura de los anejos de Robledo y Ungilde. Vecinos del Barrio Varela y de la Asociación Vecinal del Casco Histórico asistieron al pleno con camisetas contra la antena de telefonía.
Abrió el turno de intervenciones el portavoz del PSOE, Manuel Antonio Santiago, quien señaló la vía de la "alegalidad" urbanística que sondea la Alcaldía para forzar el traslado porque en estos momentos "está dentro de la legalidad". Santiago reconoció que "hay un conjunto de problemas y enfermedades en el barrio" pero que hay que determinar la causa. El portavoz reiteró que la Alcaldía quiere su traslado y que mantiene la disposición de terrenos públicos.
Concejales y vecinos fueron informados de que la Dirección General de Sanidad, de la Junta, no hará un estudio epidemiológico de enfermedades alegando que "los médicos dicen que no es necesario" y se ha limitado a remitir un informe de mediciones de las emisiones radioeléctricas, con conclusiones similares al de la empresa y la Dirección Provincial de Telecomunicaciones, que se ajusta a los límites de emisiones. El alcalde, José Fernández Blanco, intervino para no abandonar la vía sanitaria y exigir el estudio epidemiológico, pese a la negativa de la Junta de Castilla y León. Los concejales José María Mateos y Rafael Chimeno incidieron en hacer las mediciones dentro de las viviendas "no en la acera". Mateos pidió que se midan en agosto las emisiones y los ruidos permanentes de uno de de los refrigeradores de la estación, además de reclamar "retirar" todas las antenas que no funcionen.
Permisos
La Alcaldía ha solicitado un informe técnico al redactor de las Normas Urbanísticas que determine si hay impacto estético en la perpendicular del castillo y si está fuera de ordenación urbanística, aunque el terreno figura como suelo de uso dotacional.
El grupo popular presentó otra moción para paralizar la actividad "por falta de permisos" en tanto se determine si existe autorización, en todo caso anterior a 1982.
La instalación está sujeta a Prevención Ambiental, que no consta en los expedientes municipales, salvo un informe de2005 sobre la totalidad de las instalaciones en el municipio. Carecer de informe Ambiental no permite paralizar la actividad y supone una sanción administrativa leve, con multas de entre 75 y 2.000 euros.
El equipo de Gobierno ha remitido al Defensor del Común la documentación que obra en la Alcaldía sobre la instalación de la antena, aunque también han instado a la oficina del Defensor a solicitar documentación a la empresa Telefónica. Las reiteradas cartas a la empresa desde el Ayuntamiento no han tenido respuesta alguna.
Al finalizar la sesión, Gema Seoane Mellén, representante del vecindario interpeló al equipo de Gobierno sobre su respaldo a los vecinos y si consideraba que realmente hay un problema con la antena de telefonía. Fernández reiteró el respaldo al vecindario. Manuel Santiago negó que el Ayuntamiento "siga los dictados del Delegado de la Junta" aunque reconoció que conseguir la retirada de la antena "es un proceso largo". Con el desacuerdo total de los afectados con el resultado de las mediciones, Santiago instó a realizar mediciones de un ingeniero independiente adscrito al del Colegio Oficial de Ingeniero de Telecomunicaciones.
