El Tribunal Superior de Justicia de Castilla considera que las retribuciones de las guardias del personal medioambiental y forestal no se ajustan "a derecho" y anula la orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de junio de 2015, que determina "el riesgo potencial, el número y la cuantía retributiva de las guardias, y el régimen de exenciones para el personal que participa en el operativo de lucha contra incendios forestales" de la Junta.
Es un nuevo varapalo para la Junta de Castilla y León, que año tras año hace caso omiso a las sentencias y vuelve a las andadas. De hecho, la sala impone las costas la Administración regional por su "postura contumaz".
Los colectivos afectados son los agentes medioambientales y forestales, los celadores de Medio Ambiente, los conductores, y los ingenieros forestales y de montes.
La Sala de lo Contencioso admitió un recurso de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) para que se impugnara una orden sobre la que se presentaron unas alegaciones "miméticas" de las formuladas en un recurso del año 2014 sobre la que recayó una sentencia. Se expone que "existe una completa identidad entre el contenido de las órdenes impugnadas en ambos procedimientos, identidad en las partes, en las pretensiones y motivos de impugnación".
CSI-F afirma que "no se puede seguir así, y exige un acuerdo sobre estas retribuciones". La Central Sindical Independiente y de Funcionarios reclama "sentido común a un problema que se viene repitiendo desde hace varios años, por el empecinamiento de la Junta en imponer unos criterios de retribución en un decreto que se viene recurriendo por las organizaciones sindicales, y que el tribunal anula". En sus argumentos, la Sala hace mención a que la Junta aprueba las cuantías por orden de la Consejería de Medio Ambiente, publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León, pero sin estar sujetas a un instrumento normativo como es el Convenio, y señala que "si se deja en las exclusivas manos de la Administración la precisión de elementos objetivos que deben estar establecidos en normas de aplicación presididas por el principio de la legalidad y plenamente justificadas". Pone en entredicho que las fórmulas utilizadas para el cálculo de la cuantía de la retribución sean claras y precisas cuando debe acudirse "a informes del jefe de Servicio".
CSI-F confía que "en la orden de 2016 de estas retribuciones, la Junta tenga en cuenta esta última sentencia, ya que la broma le está saliendo cara a todos los ciudadanos, porque se ha condenando a la administración regional al pago de las costas de estos juicios". El sindicato independiente insiste en que "los responsables de la administración regional tienen que "saber negociar con los sindicatos y terminar con unas imposiciones, que una y otra vez nos obligan a terminar en los tribunales".
Criterios sin justificación
CSI-F subraya que "no es la primera vez que el TSJ falla en contra de esas retribuciones, puesto que ya lo ha hecho con otros recursos que se vienen presentando desde 2012". CSI-F explica que "los criterios marcados por la Junta para el pago de las guardias extraordinarias del personal antiincendios carecen de justificaciones y fórmulas objetivas, que optan por opciones restrictivas en el pago que no se entienden ni están claras".
CSI-F afirma "lamentar que, a pesar de las peticiones de este sindicato, los responsables de la Junta no han querido sentarse a negociar". "En CSI-F llevamos tratando de alcanzar un acuerdo con la Junta de Castilla y León desde 2012, por eso en 2014 ya presentamos un primer recurso, que hemos vuelto a presentar en 2015, y que lo haremos también en 2016. Hasta que la Junta quiera negociar unas retribuciones que el tribunal anula", argumenta el sindicato independiente, que se pregunta "qué más necesita la Junta para sentare a alcanzar un acuerdo".
