Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ríos con Vida y WWF reclaman a las administraciones que ejecuten urgentemente la sentencia dictada a finales de marzo por el Tribunal Supremo sobre especies invasoras y a proteger los puestos de trabajo después de la "histórica desidia" de la Administración.

Además, según informa Europa Press, denuncian que esta desidia ha agravado las consecuencias ambientales, sociales y económicas asociadas a las especies invasoras. Por ello, ahora reclaman "responsabilidad" en cuestiones que aborda el fallo judicial como son la conservación del medio ambiente y la protección del empleo en las áreas afectadas. A su juicio, únicamente se podrá articular una solución "adecuada" a este problema si éstas ejecutan de forma correcta el fallo judicial y activan "sin dilación" un proceso de reconversión que proteja todos los puestos de empleo afectados.

Las ONG señalan así se lo indicaron a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, en una reunión en la que le pidieron medidas que permitan a las comunidades autónomas aplicar la sentencia asegurando la plena protección del empleo.

Además, recuerdan que desde hace décadas las evidencias científicas alertan sobre los efectos perniciosos de las especies invasoras para la biodiversidad, que suponen el principal problema de conservación en los medios insulares y el segundo en los medios terrestres, por detrás de la destrucción de los hábitats. En total, se estima que los perjuicios económicos en la Unión Europea alcanza los 12.000 millones de euros anuales.

Asimismo, acusan tanto al Gobierno central como a las autonomías de ser conscientes del problema pero de haber hecho "poco o nada" para abordarlos, lo que ha producido "importantes pérdidas de biodiversidad" y también el "desamparo" de diversos colectivos, cuyo medio de vida dependía de alguna manera de las especies perjudicadas. Una de las especies invasoras más conocidas es el cangrejo rojo. Lamentan la paradoja que algunas administraciones mantengan costosos programas de reintroducción de especies autóctonas en peligro de extinción cuya principal amenaza es la presencia de invasoras con las que compiten.