El parque móvil de la Junta de Castilla y León recuperó ayer la total normalidad tras el incidente ocurrido con el seguro de accidentes al no estar inscrito en el FIVA (Fichero Informativo de Vehículos Asegurados). Una vez subsanado el problema y volcados todos los datos, los trabajadores que utilizaron los vehículos recibieron una copia de la póliza para poder circular ya con total garantía y con el seguro de accidentes en regla.

Un seguro con una cobertura de dos meses que, según los datos recabados por este diario, ha supuesto un coste total de 54.300 euros para la Administración. La póliza ha sido suscrita de forma individual por ocho consejerías. La de Fomento y Medio Ambiente se ha adjudicado en 7.000 euros; la de Cultura (2.790), Empleo (1.698), Educación (1.329), Economía y Hacienda (4.884), Agricultura y Ganadería (17.985), Ecyl (1.650) y Sanidad (16.988 euros).

El seguro tiene una vigencia de dos meses, hasta el 31 de mayo, cuando está previsto que se haya resuelto el contrato de toda la flota de vehículos oficiales de la Junta, con un presupuesto base de licitación por importe de 626.040 euros. Precisamente ayer estaba prevista la apertura de ofertas.

El problema surgido con los vehículos oficiales llegará a las Cortes de Castilla y León a través de una segunda serie de preguntas formuladas por el PSOE. El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, registró ayer en el Parlamento autonómico una nueva batería de ocho preguntas (el miércoles los procuradores zamoranos también presentaron otras catorce) dirigidas al Ejecutivo regional con el fin de aclarar y esclarecer la situación de los vehículos que utilizan los empleados de la Junta.

Tras el caso revelado por este diario en la provincia de Zamora, el responsable socialista se interesa por la situación de otras provincias y otras consejerías. "Al parecer -asegura Martín en la pregunta para su contestación por escrito- esta situación se ha producido como consecuencia de no haberse prorrogado el contrato con la aseguradora con la que estaba concertado".

Según el cargo socialista "la situación que se ha producido, en la que se ha llegado a pedir a los profesionales de los centros de salud rurales que hicieran uso de sus vehículos particulares para atender a los pacientes es absolutamente anómala y las justificaciones que hasta el momento se han dado a la misma insuficientes".

Por eso, el Grupo Socialista pregunta: ¿en qué fecha se firmó el seguro que con carácter transitorio cubre los riesgos de los vehículos de la Junta?, ¿qué parque de vehículos, de qué consejerías y en qué provincias se han mantenido inmovilizados?. También plantea "si como afirma la consejera de Hacienda, los vehículos estaban ya asegurados, ¿por qué motivo se ordenó su paralización con los perjuicios que ello ocasiona para los servicios públicos?"

Las preguntas José Francisco Martín interesan también ¿en qué fecha comunicó la compañía aseguradora su voluntad de no renovar las pólizas?, ¿qué actuaciones y en qué fechas realizó la Junta de Castilla y León desde que se le comunicó que los seguros no serían renovados?.