La Asociación de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (Agerdcyl) considera "injustificable" que se plantee desde los ayuntamientos el cese de denuncias e inspecciones por los vertidos de residuos de obras en los montes. La reacción se produce a raíz de la petición del alcalde de Fariza, Manuel Ramos, apoyado por otros regidores, que ha llegado a solicitar colaboración institucional a la Junta de Castilla y León contra la presión de las denuncias y el cumplimiento de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
El control de los residuos supone una lacra para algunos ayuntamientos desde hace años debido a las denuncias que tramita la Junta, la mayoría de las cuales, terminan sancionando a las instituciones locales.
El presidente de Agerdcyl, Javier Llorente, califica de "irresponsable e injustificable" la actitud del alcalde de Fariza. "Recoge las reminiscencias de una forma de pensar arcaica, no siendo una cuestión de signo político sino de ignorancia y de falta de sensibilidad ambiental profunda", explica Llorente. Además añade que el incumplimiento de la ley es igual para todos incluido su pueblo y, cómo no, para su Ayuntamiento.
Aclaran desde la Asociación de Gestores de Residuos de Construcción que la Ley, en lo relativo a las competencias administrativas de las entidades locales, "insta a las municipios a tener una ordenanza municipal que regule la producción de residuos en las obras, obligando al productor o poseedor de un residuo a que proceda adecuadamente a su correcta gestión". Existe el deber de constituir una fianza o garantía equivalente a depositar ante el Ayuntamiento donde se ejecute la obra y cuyo objetivo es garantizar la correcta gestión de los RCD. Esta fianza se recupera una vez que el gestor le da al constructor el certificado de haber recogido, gestionado y valorizado correctamente los escombros.
