Medio Ambiente tramita 24 denuncias a los ayuntamientos por vertidos incontrolados

La aplicación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes establece sanciones de hasta 45.000 euros en el caso de los no peligrosos

16.03.2016 | 10:39
Reciclaje de residuos de obra en la planta de San Cristóbal de Entreviñas.

La Junta de Castilla y León tramita en estos momentos un total de 24 denuncias por la formación de escombreras o vertidos en terrenos municipales, la mayoría de ellas impuestas por la Guardia Civil aunque también pueden llegar a los agentes medioambientales.

Así lo confirman los datos de la propia administración autonómica, que es la que tiene las competencias para actuar en materia medioambiental. Los hechos denunciados normalmente constituyen "infracción administrativa grave" a la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados. En ese sentido, la responsabilidad administrativa que se les imputa a los ayuntamientos es en concepto de poseedor de los residuos, por encontrarse en terrenos municipales.

Una cuestión ésta que trae de cabeza a los municipios, incapaces de controlar la actuación de personas que pueden depositar residuos en zonas no habilitadas. Pero estas actitudes pueden costar caro a las arcas municipales.

Según la normativa, la sanción prevista para este tipo de infracciones de acuerdo con la Ley de Residuos es una sanción económica de 901 a 45.000 euros, si se trata de residuos no peligrosos; y de 9.001 a 300.000 euros en el caso de residuos peligrosos. "Sino concurre ninguna circunstancia agravante se impone la mínima prevista. Además de la sanción económica, la infracción lleva aparejada como medida restauradora de la legalidad "la retirada de los residuos mediante su entrega a gestor autorizado".

Una vez iniciado el expediente sancionador, con la notificación del pliego de cargos, a los ayuntamientos se les da un plazo de diez días para que presenten alegaciones. Terminado dicho plazo y practicadas las pruebas pertinentes, se dicta la propuesta de resolución donde se le concede un nuevo plazo de diez días para la presentación de alegaciones. Y una vez transcurrido se dicta Resolución por el órgano competente (en infracciones graves la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental), pudiendo en el plazo de un mes interponer recurso de alzada ante el superior jerárquico.

La aplicación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados ha obligado ya a algunos ayuntamientos a pagar sanciones por unos hechos de los que no se consideran responsables. El asunto preocupa y así se lo han hecho llegar algunos alcaldes al propio delegado territorial, Alberto Castro. Especialmente conflictiva ha sido la gestión de los residuos de obras, que deben trasladarse a una planta de tratamiento.

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