La posible creación de vigilantes de ríos, ya sea profesionales o voluntarios, por parte de la Junta de Castilla y León vuelve a levantar las incertidumbres y las críticas de los sindicatos y del colectivo de agentes medioambientales que ven en esta nueva figura "un nuevo ataque al funcionariado de Castilla y León" en expresión de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).
Máxime cuando el gremio de agentes medioambientales lleva años sin tener plenamente cubiertas las plazas y soportando un deficiente suministro o desatención en algunos de los materiales o elementos básicos y necesarios para el desempeño de su ejercicio.
"Es lo de siempre: hacer de menos a tu propio personal para crear no sé que figura, alguien que son agentes y lo que hacen es pasear por el río. No tiene sentido. Lo realizamos nosotros y reclamamos el reconocimiento de nuestra labor. No hace falta añadir más personal que no se sabe que cualificación y garantía jurídicas tiene para realizar la labor" expresan fuentes de colectivo de agentes medioambientales de Zamora.
La organización sindical CSI-F afirma lamentar que "la Consejería de Fomento y Medio Ambiente haya dado a conocer públicamente la elaboración de un anteproyecto de reglamento sobre la actual Ley de Pesca de Castilla y León, sin haberlo comunicado previamente al colectivo de los agentes medioambientales". Señala, además, que "los agentes medioambientales son actores esenciales en la aplicación de la Ley de Pesca, y son los conocedores de la problemática que ha ocasionado la aprobación de la ley de pesca en vigor, sin ser consensuada con los colectivos afectados".
El sindicato critica la introducción de nuevos colectivos que se dediquen a la vigilancia e inspección de los ríos, "cuando ya existe un cuerpo cualificado de agentes medioambientales, que llevan desarrollando las funciones de vigilancia y gestión de la pesca en Castilla y León desde hace décadas".
Para el sindicato independiente, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente "ha dado muestras más que palpables del total desprecio por el trabajo de los agentes medioambientales, que intentan llevar a cabo a pesar de negarles los medios de trabajo necesarios para poder desempeñar sus funciones adecuadamente".
CSI-F cree que "la aparición de estas nuevas figuras de agentes auxiliares (vigilantes profesionales o voluntarios), sin capacidad para realizar actas de inspección o denuncias, ni para suspender la actividad en caso de que se estén produciendo infracciones, tal y como se recoge el articulado de la Ley de Pesca de Castilla y León, suplantarán las funciones de los empleados públicos, mediante subterfugios de vigilantes voluntarios pertenecientes a asociaciones de pescadores, o de entidades instrumentales del sector público".
Fuentes forestales inciden en que "ahora mismo todos los tramos y cauces de agua son públicos, salvo algún tipo de charca y la vigilancia debe ser por empleados públicos". "Deben cubrir las plazas" recalcan. Subrayan, sobre los cursos fluviales, "que no son fincas privadas y la proyección de las nuevas figuras no tiene más recorrido e interés que colocar a algún amiguete o empresa".
