Los procuradores socialistas en las Cortes de Castilla y León han formalizado la creación de un grupo de trabajo para abordar soluciones al "grave problema de los daños ocasionados por los ataques del lobo en la ganadería de la comunidad". La comisión nace con el objetivo de mantenerse, compuesta por los procuradores socialistas de las provincias más afectadas.
La sesión constitutiva de la comisión contó con la participación de los parlamentarios autonómicos socialistas: el zamorano José Ignacio Martín Benito, Juan Luis Cepa y Fernando Pablos (Salamanca), José Luis Aceves (Segovia), Juan Carlos Montero (Ávila) y Tino Rodríguez (León).
La búsqueda de medidas se pondrá en marcha de forma inmediata con la presentación de iniciativas parlamentarias para su debate en los plenos de la Cámara autonómica, en próximos días.
"No pararemos hasta conseguir una solución justa que permita a los ganaderos poder recibir de una manera rápida las indemnizaciones por los daños que causa el lobo en sus explotaciones", apuntan los procuradores socialistas. El grupo de trabajo propondrá fórmulas que fijen como prioridad "blindar los intereses de los ganaderos, tratando de compatibilizarlos con la conservación de la especie".
El grupo de trabajo constata el fracaso de las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León hasta ahora, mediante la suscripción de seguros por parte de los ganaderos y la autorización de batidas esporádicas.
La propuesta socialista girará alrededor de dos ejes básicos. En primer lugar exigir a la Junta que asuma la totalidad de las indemnizaciones de los daños del lobo en la ganadería por vía patrimonial, como obliga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El Tribunal Supremo se ratificó en marzo de 2013 y declaró la nulidad de parte del artículo 12 del Plan de Conservación y Gestión del Lobo, referido a la compensación de daños. La fórmula de la responsabilidad patrimonial de la Administración ya se está aplicando en comunidades autónomas limítrofes como la asturiana.
Además, el Grupo Socialista reclamará que los pagos se efectúen en un plazo máximo de un mes, sin ningún coste añadido para los ganaderos y que incluyan el lucro cesante, es decir, que al valor del animal muerto se sumen daños como el incremento de abortos por el estrés del ganado o la disminución de la producción lechera.
La segunda línea de actuación del PSOE se orientará a la reapertura de las ayudas a los ganaderos para financiar la creación de infraestructuras de protección de la cabaña, que la Junta mantuvo hasta el año 2011. Esta línea de subvenciones estaba incluida en las ayudas para el fomento de las explotaciones de ganado en régimen extensivo y mejora de los pastos comunales de Castilla y León y recogía partidas específicas para inversiones destinadas a la protección del ganado frente a los ataques del lobo.
Los daños que el lobo está ocasionando en la ganadería es uno de los problemas que más acucia en este momento al sector en la comunidad, como señala el grupo socialista. Según los cálculos de las organizaciones agrarias, la cuantía de daños en la comunidad en el último lustro suma cerca de 8 millones de euros, con alrededor 4.000 reses muertas de media anual en los últimos años. Los socialistas consideran que, no pueden ser los ganaderos quienes asuman los costes de la conservación del lobo, por lo que instan a la Junta a poner en marcha de manera urgente formulas que permitan compatibilizar los derechos y protección de las cabañas ganaderas con la conservación de la especie.
Recuerdan que la Directiva europea establece que la población de lobo ibérico situada al sur del río Duero está considerada como especie prioritaria, lo cual requiere por parte de la Junta la rápida puesta en marcha de medidas tendentes a garantizar su conservación blindando de manera aparejada la protección de las explotaciones ganaderas.
