Sanabria-La Carballeda

La oposición de Galende censura la venta de vehículos municipales para chatarra

El equipo de Gobierno defiende la medida para evitar multas del Seprona mientras PP y Ahora Decide alegan que se ha incumplido el procedimiento

04.02.2016 | 01:09
Los miembros de la Corporación durante el pleno en el Ayuntamiento de Galende.

La venta para chatarra de varios bienes incluidos en el inventario municipal, entre ellos un tractor, dos camiones, un remolque y varias farolas, divide al equipo de Gobierno y los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Galende, que abordaron la legalidad de la medida en la última sesión plenaria.

El portavoz del PP, José Antonio Sánchez García, subrayó que el equipo de Gobierno "ha liquidado los bienes sin tratarlo en pleno y a santo de qué. Nos hemos enterado de la venta de los vehículos por los vecinos y no por el Ayuntamiento".

Tanto el Partido Popular como Ahora Decide coincidieron en lo que califican de "incumplimiento del procedimiento" para enajenar los bienes municipales incluidos en el Inventario. Al tratarse de bienes públicos el procedimiento conllevaba la aprobación en el Pleno de su baja del padrón, la exposición durante un plazo de tiempo de la baja los bienes, para posteriormente sacarlos a subasta. Los dos grupos alegan además el informe técnico o pericial que determine la inutilidad de los vehículos, o que el coste de reparación sea mayor al valor del bien.

El grupo popular señaló que se ha vendido además al menos un par de hormigoneras, el cepillo de una barredora de la mancomunidad. Aunque el tema más llamativo "es la venta de farolas cuando faltan puntos de luz en los pueblos".

El alcalde, José Manuel Prieto Ramos, justificó la decisión de vender todos los vehículos y enseres acumulados en el recinto del antiguo matadero, hoy reconvertido en gimnasio, para evitar denuncias del Seprona por vertidos. "Se ha hecho de buena fe para no pagar más multas que son muy costosas para el Ayuntamiento". No se solicitó un peritaje "porque iba a salir más caro que lo que nos iban a pagar al precio de la chatarra".

Para el portavoz de Ahora Decide, José Rodríguez Ballesteros, la actuación "es ilegal y previamente se tenían que haber desafectado esos bienes que son inembargables e inalienables", como tampoco se ha certificado su estado, ni el peso del material destinado a chatarra que debía estar debidamente controlado.

Por otro lado, el equipo de Gobierno ha dejado prescribir el plazo de 20 días para responder a la diligencia remitida por la Secretaría del Tribunal Supremo desestimando el acuerdo del Ayuntamiento de retirar su personación en el recurso de casación seguido por la Junta Vecinal de Ribadelago, y que en sesión plenaria se había acordado que la Alcaldía desistía de continuar en contra de la Junta Vecinal.

Rodríguez Ballesteros señaló que "hay una falta de reacción del Ayuntamiento y no se recurre". El escrito de la Secretaría del Tribunal es de 20 de diciembre pero no se dio a conocer a los concejales hasta la celebración de la sesión. En este caso el alcalde apuntó a que está pendiente de estudio por parte de la Secretaría y el letrado del Ayuntamiento determinar si se han incumplido los plazos.

Por su parte, el cambio de la categoría profesional a auxiliar administrativo del secretario, que ha ejercido el cargo hasta septiembre del pasado año, quedó pendiente hasta tener el informe de los derechos que tiene el trabajador, que durante años desempeñó las funciones de secretario interventor y secretario segundo, a instancias del Ahora Decide y Partido Popular.

El alcalde de Galende mantiene que se tiene que regularizar la situación de este trabajador que como queda acreditado en el informe de la Junta no figura su nombramiento como secretario. Con el punto sobre la mesa, la Alcaldía encargará nuevos informes sobre la situación de este trabajador, si es personal laboral o funcionario y ajustar su salario, como explicó el alcalde.

Prieto incidió en que precisamente fue la oposición quién denunció la situación irregular del secretario, en base al informe de la Junta, por lo que fue apartado de sus funciones en el primer pleno de constitución de la nueva Alcaldía.

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