Con el objetivo de "formar personal de investigación, promover la participación de nuevos investigadores y aportar conocimientos y criterios éticos que puedan ser utilizados para el desenvolvimiento profesional" se desarrolló, el sábado en Villardeciervos, la segunda de las reuniones convocadas para la elaboración de un censo independiente de lobo ibérico en diversas comunidades autónomas, coordinado por el investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Fernando Palacios.
Cerca de medio centenar de voluntarios de diferentes comunidades asistieron a la charla técnica celebrada en el salón de la Juventud, y en la que colaborarán tres voluntarios de la comarca sanabresa. Este censo se desarrollará simultáneamente en diferentes zonas de Castilla y León, Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, Norte de Portugal, Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha.
Los investigadores voluntarios de campo, que no de despacho, recogerán datos e indicios para "conocer la población y el estado de conservación de la especie" en palabras de Fernando Palacios, en el marco de la exigencia de cumplir la normativa europea en relación al estado de conservación de las especies prioritarias, como es el lobo, que en estos momentos incumplen tanto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas, como la de Castilla y León. No se está efectuando un seguimiento de las "derogaciones" que facultan en determinados casos a la comunidad a eliminar individuos de una especie de interés comunitario, protegida en todos los países europeos, incluso Portugal.
Unos incumplimientos que llegan incluso a la descoordinación con Portugal frente a la obligación de la Unión Europea "que obliga a los países a ponerse de acuerdo y hacer cosan conjuntamente".
El representante del CSIC, en su intervención, salió al paso de las críticas vertidas porque los voluntarios que realizarán esta labor "no son profesionales y no tienen la preparación necesaria". Unos comienzos -sin experiencia- por los que pasaron los nombres (que enumeró con nombre y apellido) más relevantes de las investigaciones del lobo en el panorama nacional. Unos investigadores de renombre "que ahora trabajan para las administraciones haciendo censos muy discutidos por nuestra parte". Censos sin criterios éticos. La información obtenida por los voluntarios contará con los valores éticos que no tienen los que trabajan para la administración. Empleó términos muy duros como "corrupción económica y corrupción administrativa, en el sentido de falta de ética".
En estos momentos "no hay estudios de dinámica de la población de lobos" para determinar la viabilidad de la especie, como establece el seguimiento de la UE, que incluye no solo el censo y estado de las poblaciones, sino también las situación del hábitat.
Los voluntarios observarán y tomarán datos del entorno donde vive la especie.
Fernando Palacios no se ahorró críticas contra la destrucción del hábitat que representa "la gestión forestal con las repoblaciones masivas de pino -una especie introducida- que se hacen son ningún estudio de impacto medioambiental" y que conlleva la destrucción del sotobosque. Para el investigador "los pinos no cumplen ninguna función primaria, y más ahora que se destinan a la fabricación de pelet". El impacto de las técnicas de limpieza y entresaca del arbolado, además del clareo de robledal, serán puntos de observación para los voluntarios.
En este mismo sentido planteó la incidencia de la roturación de nuevas tierras para obtención de pastos en la reducción del hábitat de la especie, en contraposición a la expansión de los bosques autóctonos.
Capítulos como la prevención, inspección y la preparación de planes de conservación no figuran en las medidas de las administraciones, y particularmente del MAGRAMA que pese a tener transferidas las competencias a las autonomías tiene que ejercer el papel de control a nivel nacional y una visión de conjunto de la viabilidad y conservación de la especie. Ese especial control debe estar en las derogaciones que permite la caza de ejemplares, que son muy concretas, como el riesgo para las personas, daños significativos al ganado, interés social, la ausencia de una alternativa satisfactoria, y el impacto de la derogación en el estado de conservación. Entre los incumplimientos señaló además la falta de campañas de información y la participación activa en la gestión de otros sectores económicos y sociales que interactúan con la especie.
