La procuradora de Podemos en las Cortes Regionales, María José Rodríguez Toval, tomó ayer nota de los problemas que afectan vecinos de la comarca de Sanabria, en una reunión abierta en la biblioteca municipal de Ilanes, al que asistieron cerca de una treintena de personas.
El representante de Podemos en Zamora, Alejandro Rodríguez, señaló que con este encuentro en Sanabria "se abre una nueva etapa para trabajar por las necesidades de los pueblos. Podemos no es como los otros partidos políticos que vienen a pedir el voto y no vuelven".
Los participantes trasladaron los problemas con las conexiones a Internet en municipios como Hermisende y el estado actual de la carretera de Porto "que el médico tuvo que circular unos días por la cuneta por el mal estado. La carretera está destrozada". La procuradora Toval informó de toda la tramitación, primero en comisión y luego al Pleno al registrarse un empate en las proposiciones para su arreglo, y el posterior rechazo del Partido Popular. La procuradora afirmó que al PP "le fastidia que haya propuestas de otros partidos". La carretera de Porto es un tema candente.
Otra de las propuestas presentadas por vecinos de Galende a Podemos es presentar una interpelación de si se va a construir la estación del AVE de Otero de Sanabria, necesaria porque la comarca se queda sin tren cuando entre en servicio el AVE. Como argumento de peso los vecinos señalan los 30.000 habitantes de la zona limítrofe de Tras Os Montes, interesados en la proximidad del servicio de Alta Velocidad.
Vecinos de Puebla trasladaron su inquietud por la proximidad al centro de salud de Puebla y el barrio más próximo de la antena de telefonía. A este respecto se ha solicitado un informe médico sobre la incidencia en la salud de los residentes más cercanos. Hasta el momento no ha habido noticias de esta tramitación. Crear una plataforma ciudadana es la medida propuesta, en este caso por la alcaldía de Puebla. En cuanto a las poblaciones situadas en el Parque Natural se denunció la presencia de tuberías de uralita en el abastecimiento de Ribadelago y la falta de trabajo en el espacio protegido "que tiene recursos que de una manera muy sencilla podrían desarrollar actuaciones como la biomasa". Censuraron que el poco trabajo dependiente de la administración recae "en una empresa de Portugal".
El problema del funcionamiento de las Depuradoras del Parque, que también se expuso, pasa por solicitar los informes técnicos de 2008 donde se evaluaba el precario estado de funcionamiento. "Sabemos que las depuradoras no funcionan y que San Martín no cuenta con una depuradora, y sus aguas residuales van directamente a un paraje que se llama el Prado del Toro". Los vecinos del municipio de Galende expusieron las facturas desorbitadas por consumo de agua y depuración cuando hay depuradoras que no funcionan. La "privatización" del alumbrado público -otro de los servicios cuestionados por los vecinos- ha generado una deuda 177.000 euros.
Toval calificó estos problemas como "puntos negros en común en toda la provincia". Se convierten "en temas recurrentes como depuración y recogida de basuras".
Un vecino de Cobreros trasladó los problemas en el arreglo de carreteras, calles y deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento ante una gestión "para cuatro amigotes para hacer cuatro carreteras para sus propios concejales".
En estos momentos la nueva ordenación territorial de las Unidades Básicas de Ordenación de los Servicios, están en fase de alegaciones, y la propuesta de Podemos es "acercar los servicios a los pueblos" para evitar dos grandes problemas "la despoblación y el envejecimiento". Podemos ha tramitado una de las alegaciones al Proyecto de Ley del Parque Natural del Lago de Sanabria para implementar en los términos municipales de Porto, Galende, Cobreros y Trefacio medidas económicas, fiscales y profesionales para favorecer el asentamientos económico y de profesionales y funcionarios. Otro tema planteado es el rechazo de los vecinos de San Martín de Terroso y Terroso a su inclusión en el parque, dentro de la tramitación de la Ley de Ampliación, que ha sido obviada por la Junta de Castilla y León.
