El Procurador del Común ha admitido a trámite siete quejas individuales y colectivas por los problemas en la gestión del servicio de agua potable y saneamiento en el municipio de Galende. Dos vecinas respaldaron su protesta con más de 400 firmas de afectados. Tras tres notificaciones para reclamar documentación, un cambio de Gobierno en la Corporación, un cambio de secretaría y varias llamadas telefónicas, la nueva secretaria municipal ha remitido el expediente en diciembre. La última notificación recibida por los afectados fue el 18 de septiembre, para comunicar que se solicitaba nuevamente el informe sobre la cuestión del abastecimiento porque el Ayuntamiento no había remitido su informe.
El Ayuntamiento de Galende aprobó en 2013 la tarifa por suministro de agua potable y saneamiento. "Todos estamos de acuerdo en que el agua hay que pagarla, cosa que no se hacía en más de 20 años", exponen los usuarios en uno de los escritos remitidos. Al recibir el primer recibo los titulares del servicio comprobaron que la empresa cobra el servicio de depuración que corresponde al ayuntamiento de Galende "y, ya que este servicio no existe, de momento la mayoría devolvemos el recibo", según indicaciones de OCU, acompañado de un escrito a la empresa y al Ayuntamiento. El escrito dirigido a la Alcaldía no obtiene contestación y los recibos que gravan la depuración siguen llegando y reconociendo el impago de esa tasa de saneamiento.
Los problemas no solo están en el pago de la depuración sino en que los recibos corresponden a periodos atrasados, sin que la lectura del contador esté al actualizada. Esa demora se traduce en recibos con datos acumulados de consumo que suponen cuantías muy altas para el titular del servicio, como consecuencia del retraso en actualizar las lecturas. "Qué me digan a mí cuántas piscinas he llenado en tres meses" afirma una de las denunciantes, al frente de un pequeño negocio. Los afectados trasladan su preocupación "porque muchas personas no pueden hacerse cargo de unos costes tan elevados". Muchos vecinos han comprobado numerosas deficiencias en la lectura y cobro de agua, según la exposición ante el Procurador del Común, "Y todos coincidimos en el elevado coste de la cuota de servicio y el engaño de cobrar un servicio que no se presta". Los afectados trasladan su desconocimiento de "cómo se adjudicó este servicio de distribución y en qué condiciones", a instancias de la corporación anterior.
Además de considerar que el abastecimiento es un bien público, dicen no entender "cómo lo gestiona una empresa privada que factura con un año de retraso" y que también se beneficia de un local público para montar la oficina.
