La alianza UPA-COAG ha votado en contra de la aprobación de este proyecto por el que se modifica el plan de gestión del lobo dado que hemos presentado ayer alegaciones a 20 artículos de un plan que tiene 35.

La modificación deben llevarla a cabo por las sentencias del TSJ de Castilla y León en las que no admitía varios artículos del plan de gestión anterior, y el más importante, el del pago de los daños donde el lobo es especie protegida y la Junta no quería asumir esas indemnizaciones, algo que ha debido modificar gracias a las sentencias favorables conseguidas por los servicios jurídicos de UPA-COAG.

"Pero aunque las declaraciones de los responsables de Medio Ambiente efectuadas últimamente son positivas y reconocemos el cambio de talante del nuevo consejero que nos da la razón tras 20 años pidiendo que el seguro lo haga y lo pague la Junta, en la redacción de este nuevo plan de gestión demuestran lo contrario cuando asumen el pago condicionado a que no exista negligencia por parte del perjudicado. Se creará un comité científico que pondrá esas normas", valoran desde la alianza. "Tampoco se reconocen los daños indirectos al resto de animales, ni el lucro cesante. Se habla de favorecer la expansión del lobo, establecer un catálogo de buenas prácticas ganaderas y otras series de normas en las que no estamos de acuerdo", afirman.

Desde la Alianza UPA-COAG dejan claro que no aceptan "que se quiera culpabilizar al ganadero por negligente si alguien, por muy científico que sea le puede poner unas normas absurdas hoy en día e incompatibles con el manejo de ganado actual y modificar el modo de vida y de trabajo de los ganaderos", y añaden que no van a aceptar "que se aumenten los conflictos, pues si se favorece la expansión de la fauna se favorecen los conflictos".

La organización concluye que "tenemos que llegar a un consenso de cuántos lobos podemos tener y dónde se pueden mantener causando el mínimo daño posible, pues no puede ser que sigamos como hasta ahora dejando que el ganadero sea el pagador del coste de tener animales que se consideran un bien público por su interés medioambiental".