El Procurador del Común ha dictado resolución para que el Ayuntamiento de Rosinos de la Requejada revoque la decisión de Alcaldía y permita a un vecino consultar el expediente de licencia de obras, otorgado a familiares de un concejal del PP para la construcción de una vivienda y dos apartamentos en la calle Horno de esa localidad. El grupo de Gobierno popular había desestimado hasta en cuatro ocasiones las peticiones de información, además de archivar una denuncia por supuestas irregularidades urbanísticas.
El Procurador insta además a que el Ayuntamiento de Rosinos solicite el correspondiente informe técnico al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Zamora sobre el cumplimiento de las alineaciones. En su evaluación el Procurador del Común recuerda al Ayuntamiento de Rosinos que "la protección y restauración de la legalidad sobre terrenos de dominio público y espacios libres públicos existentes o previstos no está sujeta a prescripción".
En actuaciones sucesivas, según la resolución, la Corporación de Rosinos tendrá en cuenta que la primera ocupación de construcciones requiere licencia, y que esa solicitud de primera ocupación debe ir acompañada de un certificado acreditativo de la finalización de las obras suscrito por un técnico. Además acompañará una declaración de ese mismo técnico sobre la conformidad de las obras con el proyecto autorizado por la licencia. El informe señala que las entidades prestadoras de servicios de agua, electricidad, gas, telefonía y otros no pueden contratar definitivamente sus servicios son la acreditación de licencia de primera ocupación.
El 3 de febrero de 2014, Ángel Prada, mediante resolución de Alcaldía, archiva la denuncia de un vecino sobre esas obras, con licencia de 2005, que no se ajustan al proyecto, ni las alineaciones ni la altura establecidos en el Planeamiento Urbanístico de Rosinos. En cuatro ocasiones solicita acceder al expediente y a los informes técnicos emitidos por el servicio técnico de la Diputación. En noviembre de 2013 el vecino formula la denuncia ante la alcaldía para que se aplique el Reglamento de Urbanismo al entender que no se han cumplido los términos del proyecto y la licencia. La Alcaldía mediante una providencia abre un periodo para determinar la fecha de finalización de las obras, ya que al parecer no consta en los informes municipales, con la recopilación de los informes de Secretaría sobre las inscripciones en los padrones fiscales, entre 2005 y 2010,y las declaraciones de 16 vecinos que manifiestan que las obras terminaron entre febrero y marzo de 2009. Fecha en la que se basa la Alcaldía para determinar la prescripción de cualquier irregularidad urbanística, aspecto que contradice el Procurador.
En cuanto a la protección de datos que argumenta la Alcaldía para no dejar acceder al interesado al expediente, el Procurador del Común aporta tanto las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos como y Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Valencia que reconocen la facultada de los ciudadanos para verificar el cumplimiento de la legalidad urbanística.
La disposición de la oficina del Procurador fue comunicada el pasado 23 de octubre.
