El Ministerio Fiscal pide la libre absolución de la exalcaldesa de Peque, María Pilar Otero Lobato, y la secretaria de la Corporación enjuiciadas en el Juzgado de lo Penal de Zamora por desobediencia al no responder a los requerimientos del Procurador del Común. La defensa de las acusadas mantiene la petición de libre absolución.

La acusación particular formulada por tres vecinos, por su parte, mantiene la petición de pena de nueve meses de prisión y otros nueve de inhabilitación para ejercer cargo público por hechos. La acusación precisa que la no respuesta municipal a los 20 requerimientos son "hechos claros al no contestar por sistema a ninguno de los requerimientos".

El letrado de los vecinos ha subrayado que en el Ayuntamiento de Peque "por sistema no se da informes" que en este caso estaban relacionados con la subida de tasas, la colocación de postes aprovechando que los vecinos no estaban. La acusación recalcó la obligación de contestar a los requerimientos por el Código Penal, incluso por encima del colapso administrativo "y no es cierto, si alguien va a un requerimiento, tiene obligación de contestar, debe contestar". La actitud de la alcaldesa y la secretaria provocó que el Ayuntamiento de Peque entrara en un organismo de entidades no colaboradoras, según la acusación.

El Ministerio Fiscal que inicialmente pedía en sus conclusiones provisionales nueve meses de cárcel y otros nueve de inhabilitación, modificó a tenor de las pruebas sus conclusiones tras la declaración del procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, citado en calidad de testigo. En el juicio, el procurador del Común declaró que en las peticiones de información no respondidas por la Alcaldía, no se realizó advertencia de apercibimiento sobre las consecuencias judiciales, tipificadas en el artículo 502 del Código Penal, que podría conllevar la no colaboración. La no concurrencia de advertencia ha sido determinante para que la Fiscalía retirara la acusación en el desenlace de la vista oral.