La Cámara Agraria Provincial de Zamora aprobó ayer en Pleno la liquidación parcial de los bienes de la entidad. Concretamente, enajenarán un local comercial de 87 metros cuadrados que poseen en un edificio de la calle Brahones, en Zamora, una plaza de garaje con trastero en el mismo inmueble, y un coche Citroen Xsara de 13 años de antigüedad. La Cámara ya tiene un comprador interesado en dichos bienes, cuya venta queda cerrada con el visto bueno del pleno, con la que obtendrán 70.000 euros que se destinarán a pagar las indemnizaciones de tres empleados despedidos en 2014.
La Cámara Agraria Provincial, que funcionaba con cinco trabajadores para dar servicio a las 150 juntas agropecuarias locales de la provincia de Zamora, se vio obligada a despedir a tres de ellos en el verano de 2014 después de que la Junta de Castilla y León retirara las subvenciones a este tipo de entidades. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aceptó los despidos, pero obligó a la cámara a pagar a los tres ex empleados sendas indemnizaciones que juntas suman 72.000 euros, por lo que la cámara aún deberá aportar 2.000 euros más para sufragar la deuda.
"Se trata del patrimonio ocioso de la entidad, la venta supondrá también que la Cámara se ahorrará el IBI que pagaba por esos inmuebles que ya no usábamos, esperamos poder conservar el único patrimonio que nos queda, que es la sede en la calle Alfonso Peña que necesitamos para seguir funcionando y prestando servicio a las juntas agropecuarias locales", explica su presidente, Miguel Blanco.
Por otra parte, el Pleno aprobó por unanimidad enviar una carta a la Junta de Castilla y León en la que reclaman a la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, el pago de los 60.000 euros comprometidos a la corporación por su predecesora en el cargo, Silvia Clemente. Según asegura Miguel Blanco, Clemente firmó la resolución a favor de esta entidad el 11 de junio para facilitar el pago de la indemnización a los trabajadores "que nos vimos obligados a despedir porque la Junta dejó sin efecto las ayudas que se concedían a las cámaras, que son corporaciones de derecho público que dependen directamente de la Consejería".
El director general de Producción Agrocupecuaria, Jesús María Gómez, firmó el pago el 3 de julio, pero su sustitución por Jorge Llorente, y la entrada de Milagros Marcos al frente de la Consejería habría bloqueado la operación. "He tenido ocasión de hablar con Llorente y con Marcos varias veces desde el verano y me dicen que no se sienten vinculados a ese compromiso de la anterior consejera", afirma el presidente de la Cámara, "lo que le recordamos en la carta es que la Junta, como entidad, debe de cumplir sus compromisos independientemente de las personas que ocupen los cargos". La Administración no ha comunicado la desestimación de la resolución aprobada el 11 de junio.
Hasta el año 2014, las subvenciones de la Administración autonómica suponían casi la totalidad del presupuesto con el que funcionaban todas las cámaras agrarias provinciales de Castilla y León. El cierre del grifo ha provocado que actualmente solo sigan en funcionamiento las de Burgos, Palencia y Zamora. La de León, por su parte, se ha reconvertido en una asociación. En el caso de la de Zamora, pasaron de trabajar con cinco empleados a solamente dos, el secretario técnico y un funcionario administrativo, que actualmente está en situación de acumulación de funciones porque ya ha sido asignado a otro departamento del Servicio Territorial de Agricultura de la Junta. Por eso, en la misiva también solicitan a la consejera que se mantenga el puesto de secretario técnico y se reponga el de administrativo. "Si nos retiran el segundo trabajador la cámara ya no podrá seguir abierta", asegura Blanco.
El presidente de la Cámara Agraria Provincial de Zamora cree que la situación en que la Junta ha dejado estos organismos "es un error que no podemos aceptar" y añade que "deben de tomar una decisión política, o bien mantener las cámaras agrarias provinciales dotándolas de la financiación necesaria para su correcto funcionamiento, o bien extinguirlas y que los Servicios Territoriales de Agricultura asuman directamente el tutelaje, la gestión administrativa y el asesoramiento jurídico de todas las juntas agropecuarias locales" de la región. Solo en la provincia de Zamora existen 150.
