Santiago Vega Fernández, el fundador de la asociación que propone al Ayuntamiento de Gallegos del Río arrendar el yacimiento arqueológico de Domez de Alba para "proteger" los restos de la Edad del Hierro que allí se encuentran, cree que "parte de la Corporación no defiende los derechos que asisten a los vecinos del municipio", de acuerdo a la legalidad vigente.

Vega Fernández considera que la alcaldesa, Consuelo Gabella, "faltó a la verdad" cuando declaró a este diario que "el Ayuntamiento no tiene competencias sobre el castro, que está catalogado por la Junta de Castilla y León, por lo que es esa institución la que tiene que aprobar cualquier actuación y no la Alcaldía".

El vecino de Domez justifica que la ley del Patrimonio Histórico Español dicta que "los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios", y "el régimen de propiedad de El Castro es del Ayuntamiento, como ha corroboraba la propia alcaldesa por escrito en 2008". Asimismo, Vega se pregunta que "si el yacimiento está catalogado, ¿cómo es que no existe ningún sistema de protección para el mismo?". En dicho escrito la regidora, por su parte, se remitía a la Ley de Patrimonio 12/2002 que en su artículo 2.1 dice que "corresponde a la Comunidad de Castilla y León la competencia exclusiva sobre el Patrimonio Cultural ubicado en su territorio".

Sin embargo, en 2013 la jefa del Servicio de Ordenación y Protección de la Junta, Silvia Escudero, le informó que el yacimiento "no tiene la condición de Bien de Interés Cultural ni de Bien Inventariado, por lo que no está inscrito ni en el Registro de Bienes de Interés Cultural ni en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Aparece recogido en el inventario de yacimientos". Este ciudadano solicitó formalmente en 2012 la declaración de BIC para el castro a la Junta y el Ayuntamiento, pero no ha obtenido respuesta.