La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha incoando diligencias preliminares de investigación penal en relación con la denuncia presentada por los dos concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Figueruela de Arriba sobre presuntas irregularidades del equipo de gobierno presidido por el alcalde Carlos Pérez Domínguez, del PP.

Entre los hechos denunciados y ratificados por los concejales socialistas en su comparecencia ante el fiscal el pasado 18 de septiembre, está la afirmación de que el Ayuntamiento de Figueruela de Arriba "cobra a los vecinos desde hace varios años el IVA de los impuestos municipales sin haberlo declarado". La no presentación de la declaración del IVA correspondería a los "últimos cuatro años". Así consta en la denuncia ratificada y presentada por la oposición anteriormente ante la Subdelegación del Gobierno.

En la misma comparecencia ante el fiscal jefe de la Audiencia Provincial los concejales Jesús Pérez y Daniel Domínguez indican haber tenido conocimiento de que "en determinados contratos municipales se han presentado presupuestos de empresas ficticias que no existen en la actualidad".

En concreto, en relación con el contrato de pavimentación de Gallegos del Campo -pueblo perteneciente al Ayuntamiento de Figueruela de Arriba- manifiestan que "han podido acreditar que el presupuesto presentado por la empresa Herzaconsa es imposible que se hubiera presentado pues han hablado con los antiguos administradores y les han manifestado que están de baja desde el año 2011". Además hacen referencia a otro presupuesto de 26.000 euros de la misma empresa "en las mismas condiciones que la anterior".

Sobre otra obra de alumbrado público, los denunciantes afirman ante el fiscal de la Audiencia Provincial que "uno de los presupuestos presentados corresponde a una empresa cuyo titular les ha reconocido que en ningún momento ha presentado presupuesto para la mencionada obra".

Combustible

Los socialistas apuntan también al caso de un concejal liberado "que no estaba dado de alta en la Seguridad Social. Y otra presunta irregularidad tiene que ver con el repostaje de gasóleo "por parte de trabajadores del Ayuntamiento y del propio Secretario para uso particular de sus vehículos". Los denunciantes hacen referencia a testigos que habrían confirmado que el gasóleo era para "uso exclusivo de un todo terreno propiedad del Ayuntamiento", cuyo gasto de combustible asciende a 9.700 euros en las cuentas del Ayuntamiento, "lo cual no se corresponde con la realidad".