El Ayuntamiento de Castrillo de la Guareña ha aprobado en pleno un rechazo a la obligatoriedad de contratar un tesorero con habilitación nacional, alegando "contradicción en el propio espíritu de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, ya que supone un gasto añadido para el que no existe contrapartida económica".
El alcalde de la localidad, Diego Gallego Olea, del partido Ahora Decide, recordó que uno de los objetivos básicos de la conocida como "Ley Montoro" es "racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, y esta medida no es ni racional ni sostenible", y asegura que "los ayuntamientos con esta medida se ven abocados al incumplimiento de la regla de gasto, con lo que más parece una medida encaminada a la desaparición de entidades locales de escasa población".
El regidor de Castrillo de la Guareña consideró que la contratación de un tesorero "atenta contra la autonomía local por trasladar el control de la Tesorería de los ayuntamientos a funcionarios de las diputaciones provinciales" y apostilló que la obligatoriedad de este asunto "podría suponer que todos los pagos efectuados desde el 11 de junio sean nulos" para todas las entidades locales que no tengan un funcionario tesorero con habilitación estatal.
Por último, Ahora Decide pide explicaciones a la Diputación, que constituyó una comisión especial para estudiar los problemas que supondría aplicar esta ley.
