La alianza de sindicatos agrarios Upa-COag solicita a la Agencia de Información y Control Alimentario (Aica), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura creado para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que abra una investigación sobre un presunto pacto de precios a la hora de adquirir la colza a los productores.
La organización denuncia lo que considera que es un presunto delito que vulnera la ley alimentaria al imponer, tanto almacenistas como otros compradores, el mismo precio a los agricultores de colza que no tienen contrato alguno "obligándoles" a recibir un precio inamovible de 330 euros por tonelada. Por ello, piden a la Aica el control del cumplimento de lo dispuesto en la norma, en lo que respecta a la regulación de las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria.
Los sindicatos creen que las sospechas "fundadas" de prácticas irregulares a la hora de imponer precios fijos, "viene a confirmar lo que denunciamos días atrás sobre la especulación en el mercado de los cereales en Castilla y León", y añaden que "exigimos al Ministerio de Agricultura a través de la Aica una seguridad jurídica para el eslabón más débil en la cadena alimentara como es el de los agricultores y ganaderos". Desde esta organización cuestionan "si esta es la libertad de comercio de la que presumen algunos en momentos puntuales".
