La actualización catastral llevada a cabo en Villardiegua de la Ribera enfrenta a vecinos y Ayuntamiento. Algunos de los afectados, que consideran excesivos los 60 euros que se les exige por la regularización de cada una de sus edificaciones, denuncian que tanto el alcalde como sus allegados están recibiendo un trato de favor eximiéndoles de los pagos.
El alcalde Silvestre Antonio Fernando niega por completo la situación y se defiende de las acusaciones diciendo que la actualización del catastro se ha propuesto a nivel estatal, por lo que "el ayuntamiento no ha intervenido para nada" en esta labor y los pagos corresponden exclusivamente a los trabajos de actualización. Asimismo el alcalde explica que el ayuntamiento contrató hace años una empresa que se encargara de comprobar qué bienes catastrales estaban registrados y cuáles no, para incluirlos y actualizar así el registro sin cobrarle nada a sus propietarios.
Varios vecinos por su parte se quejan de que en algunos casos los 60 euros que tienen que abonar se deben a las "revalorizaciones que ha hecho el catastro a petición del ayuntamiento" de algunos inmuebles como garajes, piscinas o palomares, haciendo que la cifra total a pagar se eleve considerablemente.
Por lo tanto, mientras el ayuntamiento habla de "actualización", los vecinos lo hacen de "revalorización", dando lugar a numerosos problemas en Villardiegua que se acrecentan con las declaraciones de algunos residentes, que aseguran que el alcalde y sus familiares y amigos no hacen frente a ciertos impuestos debido a las numerosas irregularidades que cometen y quedan impunes: casas construidas desde hace años que aparecen como solares sin edificar en los registros para no pagar el IBI, conexiones de agua y luz sin contador en casas, explotaciones ganaderas o huertos, etc.
Silvestre Antonio, alcalde del municipio por el PP durante 32 años seguidos, y que actualmente dirige su propio partido bajo las siglas SAFE tras desvincularse de los populares debido a su imputación por presunta prevaricación, responde a estas acusaciones desmintiéndolas rotundamente y asegurando que tanto él como su familia más directa tiene que hacer frente a numerosos pagos impuestos por el catastro, concluyendo con que estas acusaciones "son imaginaciones de personas que no están bien informadas".
Sin embargo, son esas mismas personas las que han recurrido en los últimos días al trabajo de los abogados con documentos que acreditan su versión, para conocer las consecuencias legales que pueden conllevar las actuaciones del alcalde y sus allegados.
