El ganadero de ovino de Peque, Rafael Lobato ha pedido expresamente a la Fiscal de Medio Ambiente "que tramite su fusilamiento para que termine la muerte lenta que estoy sufriendo ante el atropello de las distintas administraciones, y así quedar resuelto el problema de mi explotación y del camino del Chano". Añade que "así se hacía en los años 40 con la dictadura con las personas que no tragaban con el régimen implantado. Se fusilaban y era la forma de resolver los problemas con esos señores". Una petición que también realizó a la titular del Juzgado de Puebla de Sanabria. Lobato dice sentirse "superafectado en su salud, al igual que la familia", por los casi ocho años de lo que denomina "acoso institucional".

En su escrito manifiesta que "el Ayuntamiento de Peque se niega desde el año 2007 a cumplir la competencia de tener en condiciones un camino apto para camiones y poder alimentar el ganado y que el servicio de recogida de cadáveres preste servicio a las puertas de la explotación". Igualmente hace referencia a que el 27 del pasado mes de febrero, el jefe del Servicio de Agricultura de Zamora "me retira por segunda vez la autorización para el ejercicio de la actividad ganadera, cuando la competencia sería del alcalde por ser el Ayuntamiento quien otorgó la licencia de actividad, y cuando Isidro Tomás conocía que la Delegación Territorial había dejado sin efecto la primera retirada de la autorización". Aún va más allá y pone de relieve que, "según los vecinos, un responsable del Equipo de Gobierno municipal podría estar cometiendo un presunto alzamiento de bienes, realizado tras conocer que la guardia civil cambió el informe del camino público de El Chano, y que contradecía el informe elaborado anteriormente por un agente emparentado familiarmente, y tras conocer que existe una investigación de la Fiscalía General sobre el asunto de los caminos y por el contencioso seguido en el Tribunal Superior de Justicia".

Rafael Lobato afirma, por otra parte, que ha pedido al Juzgado "la entrega de las denuncias y documentos falsos que haya presentado porque jamás he denunciado o presentado documentos falsos". Según expresa, "me están dejando en indefensión y existe un agravio comparativo porque cuando me obligan a sacar los cadáveres se me procesó y ahora dicen que era legal. Se me procesó a sabiendas de que cumplía lo ordenado". Es un ganadero que, tal y como recalca, lleva casi ocho años haciendo frente "a una situación de acoso constante que me ha obligado a realizar cientos de escritos para defenderme de denuncias, informes, autos y sentencias".

Las denuncias por parte del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería siguen cayendo sobre el ganadero de Peque y el pasado 5 de marzo se le notificó la propuesta de resolución de un expediente sancionador, que tiene su origen en los informes emitidos por la Sección de Sanidad y Producción Animal. Se apunta, como presuntas infracciones, "las deficientes condiciones higiénico sanitarias de la explotación porque existe acumulación excesiva de estiércol, exceso de humedad, encharcamiento y ausencia de paja". También dicen "apreciar un deterioro progresivo de los animales enfermos, no había alimento disponible en los comederos de la nave, falta de agua en el bebedero". Por tales infracciones el instructor resuelve que se le imponga una muta por importe de 450 euros. Una resolución que también ha sido recurrida por el ganadero. Rafael Lobato ya conoció los enfrentamientos cuando, como alcalde del PP, solicitó información sobre el asentamiento del cementerio nuclear. Entonces, recuerda, fue objeto de los primeros escraches organizados en el país, por parte de miembros del PP.