Una amplia mayoría de los ayuntamientos de la comarca no podrá implantar la factura electrónica, ni usar la plataforma electrónica de la Administración General del Estado para ahorrar recursos, antes del día 15 de enero de 2015, fecha en que en teoría será obligatorio y en la práctica, en el caso concreto de la Raya, imposible, al carecer los pueblos, tanto consistorios como empresas y vecinos, de una cobertura de Internet adecuada a tales necesidades.

Así se lo hicieron saber en Zamora los alcaldes y secretarios alistanos y albarinos al presidente de la Diputación Provincial, Fernando Martínez Maíllo, y a la subdelegada del Gobierno en Zamora, Clara San Damián, que les habían convocado para "impulsar la aplicación de las reformas puestas en marcha por el Gobierno con el objetivo de racionalizar la situación económica de los ayuntamientos y de erradicar la morosidad en el sector público".

Entre lo ayuntamientos y alcaldes presentes, donde la cobertura de Internet es "nefasta" estuvieron Gallegos del Río (Consuelo Gabella Gabella), San Vicente de la Cabeza (Fernando González Rodríguez), Vegalatrave de Alba (María Isabel Alvarez Genicio), Figueruela de Arriba (Carlos Pérez Domínguez) y Mahíde (Juan Garrido).

La nueva normativa prevé la creación obligatoria para cada una de las administraciones públicas, estatal, autonómica y local de puntos generales de entrada de facturas electrónicas para que los proveedores puedan presentarlas y lleguen electrónicamente al órgano administrativo al que corresponda su tramitación y a la oficina contable competente. La incongruencia está en que, una vez más, la Administración Pública intenta imponer a los ayuntamientos unas normativas, sin antes haber cubierto el servicio de Internet. Ya se dio el caso con el BOP, que al dejarse de editar en papel hubo ayuntamientos a los que había que enviárselos en un CD.

La gestión telemática para la mayoría de los ayuntamientos de la zona, así lo reconocieron alcaldes y secretarios es imposible, dado que para bajar un documento o cargarlo y enviarlo el funcionario de turno puede emplear una mañana y al final no conseguirlo. Ello da lugar a que desde al mayoría de los consistorios tendría que seguirse por el método tradicional de llevar el documento en mano o enviarlo por correo.

Maíllo y San Damián informaron a los alcaldes la necesidad de impulsar medidas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidas por el Gobierno de España, la ejecución forzosa de acuerdos y actos de la Administración Local, la obligación de informar sobre las retribuciones de miembros electos y de los puestos de trabajo de la Corporación, la remisión de actas. Se da la circunstancia que ningún alcalde y concejal de Aliste, Tábara y Alba tiene sueldo alguno como tal y además la mayoría no están endeudados.