Sin una solución. Así terminó la reunión celebrada ayer entre una comisión de afectados de vecinos de Entrepeñas y representantes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, por la ocupación de fincas no expropiadas por las obras del Trazado de Alta Velocidad. Los particulares afectados continuarán con las denuncias en marcha y un recurso ante las instancias de la Unión Europea.
Los cinco representantes de Entrepeñas, pertenecientes al municipio de Asturianos, se levantaron de la mesa y dieron por cerrada una reunión que pensaban era de carácter resolutivo y comprobaron "que era una reunión dilatoria", según trasladaron al finalizar. Para los representantes de la Administración solo tenía carácter informativo y se limitaron a exponer el procedimiento de expropiación de estas fincas y cuya documentación ha sido remitida a la administración competente pero no a los propietarios. A los propietarios no se les presentó ayer ningún expediente de expropiación.
Los representantes de la comisión explicaron que no se les ha notificado el procedimiento y cuando se ha comunicado cualquier actuación administrativa desde ADIF "no corresponden los nombres de los titulares con las direcciones de residencia" de ahí que surjan problemas para recoger la correspondencia oficial. Estos errores son reiterados, según denunciaban ayer los representantes de los 11 propietarios perjudicados, propietarios en su mayoría personas de edad avanzada con apego a las fincas, el arbolado y las casetas y pozos que había en las fincas. Se trata de parcelas pequeñas, de limitado valor económico lo que retrae a la mayoría de los propietarios a la hora de litigar con ADIF. Al poco valor económico se contrapone el valor familiar de los terrenos trabajados. De las fincas hasta ahora ocupadas "no hemos cobrado ninguna" alegaba Cecilio Gallego Gallego.
Interrogantes
Otras dos interrogantes quedaron planteadas por los vecinos, una relativa a la construcción de un puente y un paso de fauna, que no se iniciaron hasta que fueron reclamados por los vecinos. La segunda cuestión afectaba al destino de la leña derribada en las fincas expropiadas y que no se dejó recoger a los propietarios de los terrenos "con los bienes expropiados no se puede negociar". Se da el caso de que los chopos cortados en una de las parcelas ocupadas y no expropiadas se destinaron a Portugal, sin opción del dueño a hacerse cargo de ellos.
