El alcalde de Rosinos de la Requeja, Ángel Prada Barrios, y la secretaria de la corporación y familiar directo del alcalde prestaron ayer declaración ante la Juez de Instrucción de Puebla de Sanabria. Lo hicieron al ser acusados por presunta prevaricación administrativa, por la ocupación de la hija del cargo de personal laboral en la corporación de Galende y de funcionaria interina, como Secretaria-Interventora, en la agrupación de municipios de Palacios de Sanabria y Rosinos de la Requejada. Algo que la acusación considera incompatible.
La funcionaria simultaneó, presuntamente, los dos cargos entre los años 2005 y 2011. La declaración se prolongó más de tres horas y media en sede judicial. Al término de la primera comparecencia prevista, el alcalde y diputado Ángel Prada no realizó declaraciones. Tampoco quiso hacer manifestaciones la secretaria de la corporación, que estuvo declarando más de hora y media.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas de Madrid dio traslado el 4 de marzo de la denuncia al Fiscal Jefe de Zamora para la apertura de diligencias de investigación sobre el caso, que la remitió al Juzgado de Puebla de Sanabria para la apertura de diligencias previas por un presunto delito de "prevaricación administrativa" cometido supuestamente por el alcalde, Ángel Prada, y su hija. Los hechos denunciados se centran en ocupación simultánea de los dos puestos de trabajo en la función pública. El decreto del Ministerio Público, de 12 de mayo, fue remitido a las parte y al Juzgado de Instrucción de Puebla para la apertura de Diligencias Previas. La Fiscalía alega que los hechos recogidos en el procedimiento es una vulneración "flagrante de la legalidad" y pueden ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa, del que son en principio responsables el alcalde y su hija.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas desde Madrid trasladó la comparecencia de un testigo que aportó su testimonio y diversa documentación sobre la incoación del expediente administrativo disciplinario por falta muy grave de la funcionaria, seguido por el Ayuntamiento de Galende tras la denuncia de un vecino de Rosinos de la Requejada.
