La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre la aparición de varias rapaces protegidas muertas en el término municipal de Torres de Carrizal. En concreto, los agentes han recogido los cadáveres de más de una decena de aves, entre las que se encuentran un águila real, varios milanos reales, un aguilucho lagunero y un cuervo. También han sido encontrados dos cebos envenenados y está previsto realizar el análisis toxicológico de las muestras para la determinación del posible agente tóxico.

Los animales muertos, que presentan aparentes síntomas de envenenamiento, han sido depositados en el Centro de Recuperación de Especies Protegidas de Villaralbo, una vez recogidos en bolsas precintadas. El águila real es una especie protegida y en peligro de extinción, cuya presencia no es habitual en esta zona de la provincia. El milano real, aunque se considera más abundante que la anterior, es una especie amenazada que también está considerada en peligro de extinción en varios puntos de España.

El aguilucho lagunero es otra especie que cuenta con protección especial y está considerada como un tipo de ave que deben ser objeto de medidas de conservación. Es el mayor de las tres variedades de aguilucho y sus poblaciones están extendidas por toda la península y Baleares.

La utilización de venenos y cebos envenenados está expresamente prohibida la Ley y sus consecuencias pueden ser graves, no sólo para la fauna silvestre, sino que pueden verse afectados animales domésticos y personas, con las consiguientes responsabilidades penales que llevan aparejadas. Las medidas más habituales, ya aplicadas en casos similares en los que se ha demostrado la vinculación de la aparición de aves envenenadas con sectores cinegéticos, suelen ser la veda total y la suspensión de actividad en el coto, en virtud de lo establecido en el artículo 42 de la citada Ley de Caza. A mayores, otra actuación compensatoria suele ser el reforzamiento en la zona de las poblaciones de rapaces liberando animales procedentes del Centro de Recuperación.

Así ocurrió en el coto de caza de Castropepe, donde la Junta de Castilla y León acordó suspender durante un periodo mínimo de dos años el aprovechamiento cinegético con el fin de garantizar la recuperación biológica de las aves rapaces.

Una decisión que se tomó tras la muerte por envenenamiento de 17 milanos reales y tres aguiluchos que aparecieron muertos en este coto de caza en 2007.