«O se dota a la Cámara Agraria de recursos o tendrá que ser la Consejería de Medio Ambiente la que se encargue de atender a las juntas agropecuarias locales a través del Servicio Territorial de Agricultura». Consciente del problema que se puede generar en el plazo de tres meses, cuando se agote el pequeño remanente del que dispone la entidad, el presidente de la Cámara Agraria Provincial, Miguel Blanco, quiso ser claro a la hora de explicar la situación económica.

«Terminaremos el año con la situación saneada, sin deber ni un euro, pero si ocurre lo que este año, que la Junta nos ha ingresado la subvención en septiembre, será imposible cumplir nuestro compromiso con los trabajadores», precisó Blanco al término del Pleno de la Cámara Agraria celebrado ayer. Por ello, desde la entidad zamorana se pide formalmente a la Consejería de Agricultura que abone la partida correspondiente «en el mes de enero o como mucho en febrero, de lo contrario no podemos asegurar la continuidad de la misma».

Todo ello con la tranquilidad de que la Cámara Agraria de Zamora presenta una situación económica inmejorable con respecto a las del resto de la región. Y a pesar del «estrangulamiento» que está generado la Junta, con una reducción del presupuesto del 67% en el plazo de tres años, de 2010 que aportaba 250.000 euros a los 77.000 que la Cámara Agraria ha recibido en 2013. «Ha sido una aportación muy escasa y ha llegado tarde; si no se paga adecuadamente y a principios de año es difícil garantizar el funcionamiento», insistió Miguel Blanco.

Pese a todo, la entidad ha sido capaz de cumplir el año cuadrando un presupuesto de 124.000 euros; eso sí a costa de severos ajustes de plantilla y salariales, con reducciones del 30% en los sueldos. «Gracias a que teníamos un remanente de años anteriores hemos podido soportar la situación, pero se avecinan problemas» advirtió Blanco. De hecho, con la disponibilidad actual solo se pueden garantizar los sueldos del personal -tres funcionarios y tres laborales- hasta el mes de marzo.

«Dependemos de la Junta de Castilla y León porque la Junta apenas tiene recursos propios, por eso la única manera de garantizar la continuidad es librando el dinero el enero o febrero».

En previsión de los problemas que puedan surgir, el presidente de la Cámara mantendrá una reunión en febrero con los presidentes de las juntas agropecuarias locales (151 en toda la provincia), «para analizar la situación». Lo que sí garantizó Miguel Blanco es el mantenimiento de las oficinas de demarcación en Benavente, Villalpando, Toro, Fuentesaúco y la de Zamora. La de la capital abrirá todos los días; las de Toro y Fuentesaúco, tres días a la semana; y Benavente y Villalpando un día a la semana.

«Somos la única provincia de Castilla y León que mantiene las demarcaciones, en las demás se han liquidado. Nuestra situación está saneada -insiste el presidente de la Cámara Agraria-, pero en algún momento nos podemos quedar sin liquidez». Blanco añadió que a estas alturas tampoco saben con la dotación que recibirán en 2014. «La Junta no puede estar entre Pinto y Valdemoro con las cámaras agrarias, debe definir su postura», demandó Miguel Blanco.

Otro de los acuerdos tomados ayer por el Pleno es la adhesión de la Cámara a la Plataforma en Defensa del Medio Rural contra la ordenación del territorio.