El alcalde de Requejo, Santiago Cerviño Silván, retiró del orden del día el punto en el que se iba a tratar la interposición de una demanda contra el alcalde de Pedralba de la Pradería, Manuel Miguel Rodríguez Maestre, como consecuencia de la falta de información y de convocatoria de la Agrupación de Secretaría. Cerviño precisó que «ya he dado instrucciones al letrado para que retire la demanda». El portavoz de la oposición, Baldomero Sanpedro Cerviño, interpeló tras el anuncio «¿Vais a volver a las andadas?». El alcalde respondió que su interés era «defender al Ayuntamiento» y alegó que, como miembro de la agrupación se le tenía que informar y convocar a reuniones de la agrupación. En este punto se dirigió a un familiar del alcalde de Pedralba, presente en el pleno, para puntualizar que las diferencias entre alcaldes era por cuestiones municipales.
La segunda sorpresa del pleno la protagonizó el concejal de Obras, Jesús Fernández Pousa, en el turno de ruegos y preguntas, al anunciar su dimisión como responsable del área de obras por desacuerdo en la gestión de su Concejalía porque «no la estoy llevando yo», y aludió a que el resto de concejales daban instrucciones sobre las obras que tenían que realizar los trabajadores municipales. Anunció además que continuará «con mis dossiers del AVE» y si es necesario «seguiré denunciando a Confederación, a Medio Ambiente o a Seprona».
El pleno aprobó con anterioridad la licencia de uso excepcional del suelo para las obras de derivación de la línea eléctrica de Alta Tensión para las obras del trazado de Alta Velocidad de la UTE Requejo, y también una segunda licencia para la UTE Padornelo. El alcalde informó del acta de conformidad tras participar la comisión de deslinde por uno de los mojones que separa los municipios de Requejo, Lubián y Hermisende. Otro de los mojones fue movido como consecuencia de las obras de reforestación, aunque no afectaba a la divisoria entre los tres municipios. Se notificó al pleno la cesión por parte del concejal Gregorio Cerviño Sánchez de una parcela de unos 160 metros para ensanchar una calle. Por unanimidad del Pleno se designó al juez sustituto, José Barrio Álvarez.
La Corporación acordó pedir a la compañía Vodafone un proyecto de derribo y la restauración del terreno ocupado con una torre, con la retirada incluida de todo el hormigón de la zapata, tras el ultimátum de la empresa de pagar 10 euros por el uso del terreno, frente a los casi 700 euros que pagaba hasta ahora. Para el alcalde es «una tomadura de pelo».
