Medio centenar de personas de la asociación «En Defensa de Sanabria y Carballeda» se congregaron ayer en la estación carballesa de Linarejos para comenzar una marcha de protesta contra la instalación de cámaras de videovigilancia y los recortes. Su meta: el alto de Peña Mira, punto en el que destaca uno de estos dispositivos «instaladas por la fuerza y en contra del sentir mayoritario de la población». El alto era el punto de encuentro con los miembros de la Asociación la Murujuna, convocante de este acto de protesta.

El grupo desplegó pancartas, mochilas y caminata en defensa del mantenimiento de los servicios para la población rural. La jornada comenzó a las siete de la mañana con la concentración de una docena de personas en la estación de Puebla de Sanabria de donde salía el primer grupo de participantes y donde se recordó el intento de supresión de la línea Puebla Zamora y se reivindicó la desparecida Puebla-Orense. En la estación de Linarejos esperaba otra treintena de personas de los pueblos de esta zona que recriminaron con sus pancartas y en tono distendido, en medio de un considerable despliegue policial que no fue necesario, «Vuestros recortes acaban con nuestros pueblos», reclamaron «Las cámaras a vuestros despachos» e invitaron a «Estos políticos a la Reserva». El primer golpe de la instalación de las cámaras es la destrucción de los puestos de trabajo que quedan en la vigilancia desde las torres, como denunciaron ayer las asociaciones. «Es más rentable crear una planta de biomasa que supone 30 puestos de trabajo directo, pero para eso no hay dinero porque no interesa» explicaban los vecinos y participantes.

Pasadas las nueve de la mañana se iniciaba el ascenso al pico taladrado por una de las torretas con las cámaras. Una ubicación cuestionada por residentes y veraneantes que recordaban precisamente que «desde hace años no se produce un incendio en esta zona». Todavía se recuerda el incendio de 1991 «que salió en Portugal y quedó mal apagado». En el mismo Linarejos «solo tuvimos tiempo de evacuar el pueblo y salir por caminos porque la carretera estaba ya cortada».

El grupo reunido de Sanabria y Carballeda hacía un alto en el camino para contemplar una balsa para almacenar el agua construida en medio de la Cañada Real.

En el alto asociaciones y simpatizantes denunciaron con la lectura del manifiesto «La ilegalidad y la inmoralidad de estas cámaras radica en que han sido implementadas en el Segundo Plan de Desarrollo Rural Sanabria Carballeda». Un sistema tecnológico que además de grabar permanentemente incorporan «una tecnología de transmisión de datos de la que no gozan la mayoría de los pueblos» donde hay dificultades para ver la televisión, oír la radio, usar los teléfonos móviles o conectarse a internet. Las asociaciones cuestionaron el modelo de desarrollo rural de la clase política «entiende el desarrollo rural aplicando el desarrollo tecnológico a los bosques y la fauna salvaje, pero no destinándolo a las personas de nuestros pueblos, a los que han abandonado». Los tres «megaproyectos» desarrollados por la Junta de Castilla y León en la comarca, La Casa del Parque de Rabanillo, el Centro del Lobo de Robledo y el dispositivo de cámaras de videovigilancia, «no van a crear ni cinco puestos de trabajo». Los colectivos apuntan al interés de la Junta de Castilla y León de tener «pueblos desiertos y callados», pueblos «vulnerables « y dominados la mayoría por alcaldes corruptos, por mafias corruptas que aún al día de hoy acceden y se mantienen indefinidamente en el poder local amañando votos o inflando ilícitamente los censos electorales». En el manifiesto se afirmó que se han destinado 1,2 millones de euros a la «reserva franquista de la Sierra de la Culebra» frente a los recortes en asistencia sanitaria y prestaciones sociales, con una denuncia expresa del Centro de Salud de Puebla de Sanabria que «funciona con el personal de enfermería bajo mínimos, y precisa de una enfermera más que se niegan a cubrir. Sí hay dinero por el contrario para sostener el personal forestal y policial, desplegando continuos y sistemáticos controles».

Las asociaciones pusieron en evidencia la política del impacto medioambiental inexistente para la ubicación de las cámaras, las grandes infraestructuras y los parques eólicos, y de manera más sangrante con las obras de la deficitaria línea del AVE que «degüella nuestro espacio natural» mientras regatean con el transporte más básico, el tren que comunica los extremos de la provincia con la capital zamorana y la capital de la región, Valladolid. Desde Peña Mira, se invitó a colocar las cámaras en la calle Génova, sede del Partido en el Gobierno, para vigilar «nuestros extensos espacios de corrupción».