Los representantes de la Junta vecinal de la Sierra de Parada de Requejo han trasladado a la Fiscalía las posibles irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Requejo de Sanabria en la declaración de Monte de Utilidad Pública de la Sierra de Parada y la posterior instalación del parque eólico Nerea, ya que, en su criterio, tales actuaciones «son presuntamente irregulares y estarían tipificadas en el Código Penal», como apunta el responsable de la junta vecinal, Antonio Rodríguez, que ya ha prestado declaración por estos hechos ante el Ministerio Público. La Junta vecinal insta a investigar y «a sacar a flote la verdad».

En nota de prensa, se señala que desde la Junta vecinal se sigue luchando por defender los legítimos y legales derechos de los copropietarios de la finca Sierra o Dehesa de Parada, ante la «presunta apropiación» que ha hecho el Ayuntamiento de Requejo y la Junta de Castilla y León, «utilizando el subterfugio de la declaración de dicha finca como Monte de Utilidad Pública».

La Junta Vecinal dice tener fundados indicios de que desde el Ayuntamiento de Requejo se estuvo «maniobrando», previamente a la instalación del parque eólico Nerea S.L.-Requejo, años 1999 y 2000, para «conseguir» que la finca pasase a su dominio, contando presumiblemente con el beneplácito de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

La actual Junta vecinal, al igual que la anterior Junta Administradora de la Sierra, siempre han considerado que la finca «nos ha sido arrebata de una manera ilegal». Apuntan a una actuación de los organismos implicados en contra de lo manifestado por el Registro de la Propiedad de Puebla de Sanabria, contraria a la resolución de febrero del 2003 sobre el tracto de Dominio que fue promovido por el propio Ayuntamiento de Requejo y en contra de la propia documentación existente, actos de conciliación de 1892 y 1930 celebrados en el Juzgado de Paz del propio municipio de Requejo. La Junta Vecinal pide que se investiguen las interrogantes de por qué el Ayuntamiento de Requejo no acató la resolución del Juzgado sobre el tracto de Dominio ni recurrió a la Jurisdicción ordinaria «si tan seguro estaba de sus derechos sobre la finca».

Además de preguntarse por qué la Junta de Castilla y León aceptó la petición de declaración de MUP sin verificar la verdadera y legítima propiedad de la finca. La Junta de Castilla y León intentó en el año 2008 cambiar mediante un expediente administrativo en el Registro de la Propiedad la titularidad de la finca a su nombre, según lo denunciado ante la Fiscalía.