Los vecinos de San Martín de Castañeda acordaron en concejo formar una comisión, solicitar a través de los concejales un pleno extraordinario y revisar a la baja la aplicación de las tasas de agua y la implantación de los contadores de agua. El pueblo rechazó de plano permitir que la empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento instale contadores y comience a realizar unos cobros que algunas de las vecinas tacharon de «salvajada», 160 euros de cuota fija y el consumo. A las siete en punto casi un centenar de vecinos se reunió en asamblea para tratar el tema del agua y dejar claro que no se oponen a un cobro razonable por el consumo de agua. En esta misma situación se encuentran los pueblos de Vigo y Ribadelago que estudian unirse para presionar a la alcaldía de Jesús Villasante. El cobro del agua es la gota que colma el vaso porque la subida de impuestos para los pueblos, y en especial para los vecinos del parque natural del Lago, ha sido desmesurada, desde el IBI, hasta la basura, las terrazas y los toldos. El concejal Óscar Coca explicó el procedimiento administrativo que se ha seguido desde la alcaldía, desde la aprobación en pleno de la ordenanza -con oposición presencial de los vecinos en la sesión aprobatoria- hasta su publicación oficial y la falta de alegaciones por parte de los vecinos. El concejo descartó un acuerdo con la empresa adjudicataria del servicio que «está en medio» de este conflicto por el agua. En las intervenciones de los presentes se cuestionó incluso que una administración pueda privatizar este servicio público. La reunión prevista para el miércoles para que la empresa reciba las propuestas vecinales no se celebrará hasta que la alcaldía dé una respuesta a las exigencias vecinales.

Los vecinos reprocharon que la alcaldía haya ingresado sumas de dinero por los bienes patrimoniales y subvenciones, además de instalaciones hidroeléctricas y repetidores de telefonía de los tres pueblos del parque sin que haya reportado beneficios a los residentes. Los beneficios del turismo alcanzan a la mayor parte del municipio mientras que prohibiciones y limitaciones se imponen desde las administraciones a los pueblos de la demarcación del Parque, malestar patente en las intervenciones vecinales. Otro factor que pesa en la decisión del concejo es que las obras de captación y depósito entre los años 70 y 80 se ejecutaron por prestación personal, con fondos del pueblo sin contar con la alcaldía.