La Audiencia Provincial ha fallado a favor del concejal de IU en el ayuntamiento de Moraleja del Vino pronunciándose así ante el recurso de apelación que había formulado Francisco Martín al ser condenado, en primera instancia, a pagar 600 euros por la denuncia que había interpuesto contra él, el alcalde de Moraleja del Vino Guillermo Freire, por desacato y desordenes públicos en la celebración de un pleno.

En una primera sentencia se le condenaba al concejal a abonar 300 euros por cada unos de los dos conceptos que se había interpuesto la denuncia.

Ahora, la Audiencia considera, que no hubo altercado público y que Francisco Martín no grababa el pleno en que el máximo mandatario pidió se tratara en el orden del día el asunto de las grabaciones plenarias que había solicitado IU reiteradamente y a lo que se había negado el equipo de gobierno por entender que era este un tema que debería de pasar por pleno y aprobarlo.

Sin embargo desde la oposición se entendía que era un asunto que no era obligatorio llevarlo a pleno. Este enfrentamiento provocó la suspensión reiterada de diferentes sesiones plenarias y la instalación finalmente de una cámara fija que graba ya los plenos de Moraleja del Vino.