La alianza UPA-COAG rechaza cualquier cierre que se pretenda hacer por parte del Gobierno regional de las unidades veterinarias en las distintas provincias, puesto que considera que se trataría de un recorte más para el sector agrario.

Además la organización solicita a las delegaciones territoriales de la Junta en cada una de las nueve provincias, así como a los responsables de los servicios de Ganadería de la Administración regional, que convoquen mesas de trabajo para dar cumplida información a los alcaldes afectados por los posibles cierres así como a las organizaciones agrarias provinciales.

UPA-Coag considera clave que en cada provincia la delegación territorial y el Servicio de Ganadería explique detalladamente los criterios y valoraciones que han tenido en cuenta para tomar la medida.

En cualquier caso, el sindicato exige suficientes medidos humanos y materiales para que la Administración regional pueda dotar de servicios a los profesionales de la ganadería.

Para Sivecal, la solución a la sobrecarga de trabajo que tiene una gran parte de las unidades veterinarias, no pasa por el cierre de determinadas unidades y la redistribución de su personal entre las restantes sino por la dotación de más personal en aquellas unidades veterinarias en las que se llevan a cabo un mayor número de actuaciones. Para el sindicato resulta, cuando menos paradójico, que la Junta de Castilla y León se plantee cerrar unidades Veterinarias justo en el momento en el que se está produciendo el mayor incremento de actuaciones a realizar por los servicios veterinarios oficiales, bien en el marco de las campañas de saneamiento ganadero o en el de la multitud de programas sanitarios de obligado cumplimiento en el ámbito de la UE. Según los datos que maneja este sindicato, durante el año 2012, desde las unidades veterinarias se sanearon en Castilla y León el 35,13% de las explotaciones ovinas y caprinas y el 23,42% de las bovinas y se llevaron a cabo otras 23.342 actuaciones veterinarias en programas sanitarios distintos a las campañas de saneamiento ganadero, además de la atención presencial a los usuarios para realizar gestiones administrativas y consultas, y las actuaciones que generan la tramitación de las mismas. Por otra parte, el sindicato considera la redistribución planteada por la Junta de Castilla y León, supondría un aumento de las distancias a recorrer desde la unidad veterinaria en cuestión a todas las localidades de su ámbito territorial, con lo cual no se produciría la teórica optimización calculada a partir de unos simples datos numéricos. Para Sivecal, las unidades veterinarias son estructuras administrativas de vital importancia para el mantenimiento del medio rural y de otra forma sería muy difícil garantizar la prestación de un buen servicio a los usuarios. Desde ellas, se facilitan las gestiones administrativas a los ganaderos, que en su mayoría no disponen de medios para poder utilizar la modalidad telemática, por lo que estas dependencias deben ubicarse próximas a los municipios y localidades de su ámbito territorial.

Por lo tanto, Sivecal manifiesta su rechazo al cierre de las unidades veterinarias por entender que esta medida no puede justificarse desde criterios de eficiencia económica y de personal, ya que no va a suponer ni un verdadero ahorro económico ni una optimización de los recursos humanos, y por el contrario, va a tener como consecuencia, el desmantelamiento de las pocas estructuras administrativas que aún quedan en el Medio Rural y la disminución de la calidad en la prestación de los servicios sanitarios.