El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, reconoció ayer, durante el Pleno de las Cortes regionales, que hay muy pocas opciones de que las multinacionales Alstom, y también Cartisa, no cierren sus plantas de Coreses y Arroyo de la Encomienda (Valladolid). No obstante, defendió el trabajo que está haciendo su departamento en el ámbito industrial y aseguró que esos cierres responden a la mala coyuntura económica actual frente a las críticas lanzadas por varios procuradores socialistas en tres preguntas distintas relacionadas con esta materia, llegando a acusar al PSOE de «intentar aprovecharse políticamente del mal de esos trabajadores».
Por su parte, el principal partido de la oposición acusó a la Junta de «no tener una política industrial» y de ofrecer incentivos «ineficaces» a las empresas, además de aludir a que la reforma laboral aprobada el año pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy ha provocado un elevadísimo número de expedientes de regulación de empleo (ERE) e incrementado el número de parados.
Por lo que respecta a la fábrica de aerogeneradores de Alstom, con 120 trabajadores entre empleados directos y de las subcontratadas, Villanueva explicó que su cierre responde a «la práctica inexistencia de mercado» en la Comunidad, donde no se están construyendo nuevos parques eólicos, y a que además fabrica torres, elementos de gran tamaño que son «muy difíciles de transportar» a otros países. «Es un problema serio que tiene muy difícil solución», aseguró el consejero, quien apostilló que la empresa tiene intención de ofrecer recolocaciones a los trabajadores en la planta que va a mantener en Navarra, pero apuntó que es complicado porque hace «productos muy distintos».
En su réplica, la procuradora socialista Ana Sánchez, natural de Coreses, la localidad donde está la fábrica de Alstom, pidió al consejero de Economía que se dejara de «lamentos» y que pusiera «soluciones», resaltando que la multinacional tiene «beneficios y contratos millonarios» en varios países, y aludiendo a la mala situación económica de la provincia de Zamora, con la tasa de actividad más baja de España y la tasa de paro más alta de la región.
La intervención de Sánchez molestó mucho a Villanueva, quien la acusó de «molestar» a los trabajadores y traerlos a las Cortes con «mentiras» para hacer «demagogia» cuando remarcó que «lo que necesitan es que les digan la verdad, que esta planta se va a cerrar». «Lo que yo debo hacer es buscar soluciones para que tengan un nuevo trabajo», apostilló. Además, defendió que la planificación regional de la política en el sector eólico fue «ejemplar» y que en la actualidad esta Administración no es «responsable de su paralización».
Al mismo tiempo, un nutrido grupo de trabajadores de la planta de Alstom en Zamora, Alstom Wind Altamira, se manifestó frente a las Cortes durante el Pleno para protestar por el anuncio de cierre y pedir a la Junta que aclare si ha dado subvenciones a la multinacional del sector eólico. Tras una gran pancarta con el lema «Por el futuro. Alstom no cierra. No somos mercancías», unas 80 personas con camisetas blancas con lemas también contra el desmantelamiento de la fábrica recibieron a los procuradores con un intenso ruido provocado por silbatos y trompetas.
Sus representantes explicaron que el sector eólico regional está sufriendo duramente la crisis con varios cierres en los últimos años e incidieron en los graves perjuicios para la provincia de Zamora de esta nueva clausura porque es una de sus empresas más grandes.
El representante sindical de la Federación de Industria de CCOO de Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes, que ofreció antes de la entrada en el hemiciclo una rueda de prensa, expresó ayer que «la verdadera intención de la dirección de la empresa Alstom Wind Altamira es deslocalizar todo lo deslocalizable de España». Una situación, dijo, «favorecida por la normativa laboral aplicable desde la reforma, que no pone trabas, que no hace falta autorización administrativa de los EREs y fija unas indemnizaciones muy bajas». Considera que la Administración central puede ejercer «cierta presión sobre una empresa que mantiene un importante volumen de trabajo en España en el mantenimiento de ciclo combinado, de Renfe, de Adif, en líneas de alta tensión y de subestaciones eléctricas, en catenarias y metros de todas las ciudades, en obras dependientes del Ministerio de Fomento».
Brezmes apunta que «Alstom tuvo en España el pasado año un volumen de negocio de unos mil millones de euros y, aún con beneficios, si una empresa como ésta entiende que le va mejor fuera ceden a la tentación de cerrar las plantas y dejar a la gente en la calle».
«Queremos que los responsables políticos den la importancia que tiene la industria en España y utilicen las armas que tienen a su alcance para exigir a la empresa con contratos de mantenimiento, para que no se vaya dejando esto como un solar. Es hora de que los políticos estén a la altura, porque son 120 personas las que se van a la calle y si es un dato desastroso en Madrid para una ciudad como Zamora es una catástrofe» manifestó Miguel Ángel Brezmes.
