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«El lobo ha sido el tema en el que la postura de la Junta de Castilla y León y las organizaciones agrarias es totalmente dispar. El lobo es una especie protegida y desde la Consejería se defiende la obligatoriedad de disponer de un seguro contra los ataques por ser el sistema más eficaz y rápido para poder indemnizar, algo con lo que no solo no coincidimos, sino que nos oponemos» expresaban el viernes responsables de la Asociación de Ganaderos 19 de Abril-UCCL, tras reunirse en Valladolid con el director General del Medio Natural, José Ángel Arranz.
Y es que el lobo mantiene vivo el debate sobre su existencia, su control e incluso su exterminio en algunas zonas, así como su población, caza o medidas de prevención de las lobadas; además de vigente el eterno problema de la consideración de los daños y, sobre todo, la indemnización de los mismos. Es una realidad que las dentelladas del lobo causan significativas pérdidas en las explotaciones asaltadas, así como cuantiosos los gastos obligados en medidas de defensa, como mastines. Y es una constatación que hay pastores y pastores, que el pastoreo a rabo del ganado que se ejerce en tierras lobariegas contrasta con el pastoreo a distancia que se estila en tierras despejada del legendario comensal.
El cadáver del lobo aparecido hace unos días en medio de una pradera del municipio de Cobreros, con el cuerpo descabezado, es un caso más de que la especie debe andar en vilo si quiere seguir a su viento porque los furtivos siguen su estela y sino ellos mismos, otros que encontraron su cadáver, aprecian su cabeza como trofeo. Son muertes que los colectivos ecologistas, como es el caso de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo (Ascel), no cesa de denunciar.
El propio censo de lobos es una cuestión sometida a contrariedades y discrepancias desde el primer día que se dieron cifras hace más de dos décadas. La Junta de Castilla y León tiene previsto presentar a principios del próximo año un nuevo censo cuya elaboración no está exenta de polémica. La Confederación General del Trabajo defiende que el trabajo sea realizado por el personal de la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Afirma «valorar positivamente que la labor de campo sea llevada a cabo por agentes Medioambientales y celadores, por ser dos colectivos que diariamente realizan y desarrollan su labor profesional en el medio natural en el que se van a realizar los transectos de 10 kilómetros». Destaca la CGT, además, que es un cometido incluido «entre las funciones y competencias» del citado personal. La Confederación expresa su «rotunda oposición» a que se externalice el procesamiento de los datos de campo recogidos en las fichas elaboradas para inventariar los indicios de presencia (huellas, excrementos, raspaduras y otros) por los agentes medioambientales y celadores. Una labor adjudicada a la Consultora de Recursos Naturales, S.L..
La CGT sostiene que la Administración Pública cuenta «con técnicos de las Secciones de Vida Silvestre y de Espacios Naturales y Especies Protegidas, así como administrativos y auxiliares administrativos» capaces de desempeñar con profesionalidad esta misión. También la Federación de Servicios Públicos de UGT ha trasmitido a la Junta su consideración de que resulta «incongruente» que, por una parte, la Consejería «esté despidiendo personal técnico cualificado y con experiencia año tras año» y, por otra, «entregue ese trabajo a una empresa con mayor coste y un aumento de la precariedad laboral».
Sobre este particular, la Junta de Castilla y León informó recientemente que «solo se ha contratado externamente el diseño de la metodología a la consultora que cuenta con alguno de mejores expertos en lobo a nivel nacional, que ya colaboraron en la redacción del Plan de Gestión del lobo de Castilla y León». En los últimos censos manejados se cifran en 30 las manadas existentes en Zamora, 33 en León, 3 en Ávila, 17 en Burgos, 27 en Palencia, 3 en Salamanca, 6 en Segovia, 3 en Soria y 4 en Valladolid. Los daños del lobo son otro registro también controvertido.
Según la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG el pasado años se registraron 1.950 ataques de lobos en Castilla y León, que acabaron con 5.070 animales y provocaron unas pérdidas de 1,75 millones de euros. Esta organización exige «más control de la especie, indemnizaciones directas y ausencia de lobos en determinadas zonas al ser incompatible la existencia de lobos con la ganadería extensiva».
