El pleno del Ayuntamiento de Lubián ha acordado solicitar a la Dirección Provincial del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, que corrija las anomalías en la identificación de las fincas y la relación de propietarios ante las graves consecuencias que está teniendo en todos los anejos del municipio. El Ayuntamiento pedirá de oficio que sea la administración provincial la que proceda a corregir las deficiencias, que básicamente suponen que las fincas están desplazadas sobre su situación en el terreno modificando también la relación de propietarios.

El concejal popular y vecino de Aciberos, José Manuel Tejera Rodríguez, planteó esta cuestión en la última sesión plenaria para que desde el Ayuntamiento se tomaran medidas para «arreglar» el Catastro. En el pueblo de Aciberos, con los conflictos por la expropiación de terreno para el trazado del Tren de Alta Velocidad, se ha solucionado parcialmente el problema pero solo en lo que respecta a las fincas afectadas.

El concejal expuso los problemas ya abordados, donde los casos más extremos son las superposiciones de las fincas rústicas con las fincas urbanas, incluidas construcciones. En el caso de Aciberos la iniciativa vecinal es la que ha desbloqueado el problema con la identificación de las propiedades, con el consiguiente coste económico para los vecinos.

El alcalde, Felipe Lubián, descartó que sea el Ayuntamiento el que asuma el coste económico de las correcciones del Catastro en todo el municipio al ser un error de otra administración, que ha supuesto graves consecuencias para el municipio.

Al finalizar el pleno se cuestionó seriamente el trabajo técnico realizado, que los afectados precisaron que no se realizó el reconocimiento sobre el terreno con vecinos y propietarios. Los concejales y técnicos cuestionaron la labor de las empresas que realizaron la actualización catastral y si cabe pedir responsabilidades por los conflictos que ha generado. La alcaldía es la administración que más directamente está afectada ya que la totalidad de los propietarios se dirigen a la administración más cercana, en este caso el Ayuntamiento, aunque sin competencias en la materia.