La eficiencia energética en el alumbrado público se presenta a corto, medio y largo plazo como la única alternativa real y viable para evitar que las facturas de la luz se conviertan en prohibitivas, por su alto coste, y arrastren en su caída a los Ayuntamientos camino de la bancarrota. Alcaldes y concejales tienen ante si un reto que no deja de ser un gravísimo problema de repercusiones impredecibles. Hay consistorios donde la mayor partida del presupuesto, en torno a 45.000 euros, se va a pagar la luz y de ellos 23.000 se los lleva el alumbrado público urbano. La situación es ya casi insostenible. Valga como ejemplo que de los 115 núcleos acogidos al proyecto de Eficiencia Energética de Duero-Douro, una gran mayoría cuentan con unas redes urbanas que ahora mismo rozan la ilegalidad en cuanto al cableado. De 16.462 puntos de luz más de 11.000 utilizan las antiguas lámparas de «Vapor de Mercurio». A partir del día 13 de abril de 2015, a dos años vista, la legislación prohibirá dichas luminarias, que además tampoco podrán ser sustituidas por las de vapor de sodio que también pasarán a ser ilegales como todas aquellas que utilizan como medio de sustitución el casquillo.

En muchos municipios de la Raya, para ahorrar, se recurre a los apagados parciales, algo que, además de ser ilegal, redunda en una falta de uniformidad que aumenta el riesgo de incidentes y accidentes, además de aumentar la complejidad de las lineas de alumbrado. El Ministerio de Fomento ofrece ya la hora exacta de la salida del sol en cada lugar, con lo cual, se calcula que las horas de noche en el territorio rayano, desde el ocaso al orto, son de 4.120 al año, equivalente a 707.454 euros. Utilizando el reloj astrológico frente a las fotocelulas actuales se podría, solo con ello, bajar a las 3.180 horas bajando el gasto a 546.089 euros. El alumbrado es vital para los pueblos pero la ley dejara muy claro que las chapuzas pueden pagarse caras.