Sanabria

Cinco de los expedientes abiertos a Europarques han sido anulados

La concesionaria del catamarán del Lago se negó a construir una pasarela

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Varios testigos que ayer prestaron declaración en los juzgados.
Varios testigos que ayer prestaron declaración en los juzgados.   Foto A. S.

ARACELI SAAVEDRA El juez de instrucción número 1 de Zamora tomó ayer declaración a varios técnicos y funcionarios del servicio territorial de Medio Ambiente, en calidad de testigos, relacionados directamente con la instrucción de los expedientes sancionadores incoados a la empresa Europarques, que explota la concesión de un catamarán en el Lago de Sanabria. Europarques denunció en los juzgados zamoranos, haber sido coaccionado presuntamente por el delegado territorial de Zamora y tres miembros de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, para que «financiase ilegalmente», según la parte denunciante, una obra pública valorada en 400.000 euros. Europarques afirma que su negativa a realizar esta «donación voluntaria» para realizar una pasarela, provocó una batería de expedientes sancionadores contra la empresa, cinco de los cuales ya han sido anulados por su improcedencia, y los dos últimos están en fase de recurso.


La declaración de los técnicos se dilató en sede judicial durante algo más de hora y media. El letrado de la acusación, Francisco Fernández, precisó tras la declaración que los testigos «se ratifican y asumen su intervención personal. En algún caso se desprende que a algún técnico se le ha ocultado, por algunos miembros de la Junta de Castilla y León, determinadas resoluciones de la Dirección General para luego seguir con expedientes sancionadores». El letrado mantiene que como la empresa Europarques no ha cumplido las exigencias de la Junta «han seguido intencionadamente unos expedientes sancionadores contra ellos». En concreto se incoaron seis expedientes consecutivos a la empresa.


El abogado precisó que esos expedientes estaban abocados al cierre al existir resoluciones de la Dirección General de Medio Natural favorables a la empresa. Entre esas resoluciones Fernández subrayó la autorización de una ampliación de plazo para ejecutar una de las obras en relación a la concesión, en concreto uno de los embarcaderos. Pese a esa resolución, se instruyó desde Medio Ambiente un expediente por incumplimiento de plazo a la empresa.


Para Fernández queda acreditado que los informes y resoluciones de la Dirección General que servían de base para cerrar los expedientes, no se recogen en la instrucción administrativa y siguen su curso con una propuesta de resolución sancionadora. Una de las declaraciones previstas es la de la funcionaria instructora de los primeros expedientes sancionadores que «dieron lugar al archivo». En cuanto a quién dio la orden de iniciar los expedientes «entendemos que cuando se dicta la resolución que autoriza a Europarques para que pueda navegar en el Lago de Sanabria, y se le impone hacer una pasarela, y cuando muestra su disconformidad», ya que no es un problema de la empresa sino que es un problema de tráfico, «es cuando se despliega una serie de expedientes sancionadores a la vez y diferentes». El letrado vinculó la apertura de esos expedientes a la negativa a seguir la línea de actuación que otras empresas hacen «cumplir unas exigencias para solucionar otros problemas». El abogado de la acusación sostienen «que se ha prevaricado» y pretende que se determine quién ha impulsado esos expedientes sancionadores. El letrado recalcó que técnicos y funcionarios «se escudan unos en otros». Según asegura, «nadie sabe y yo desconozco cuál es el organigrama de la Junta. En definitiva es tan difícil saber quién es el competente».


Entre las pruebas aportadas están citados expedientes sancionadores anulados por el propio órgano instructor de la Junta, varios informes presuntamente falsos remitidos por los propios imputados, una resolución oficial favorable a la empresa, ocultada para poder sancionar. Se aporta una grabación de un alto cargo de la Consejería de Fomento ofreciendo a Europarques la posibilidad de rebajar su «donación». El juzgado dispone igualmente de un listado con decenas de donantes voluntarios por valor de varios millones de euros, en su mayor parte empresas eólicas.


Tanto el fiscal, como el juez han rechazado el recurso de la Junta contra las testificales, por considerar que las declaraciones interesan al esclarecimiento de los hechos. Para Europarques, este intento por evitar la declaración de los técnicos, supone una nueva contradicción de los imputados, ya que llevan meses derivando la responsabilidad hacia las actuaciones de estos mismos funcionarios. La empresa mantiene la acusación por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental contra el responsable de la Junta y del servicio de Medio Ambiente.

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