El Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria ha dictado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones de la denuncia presentada por la exsecretaria del Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería contra el alcalde, Manuel Miguel Rodríguez, por prevaricación administrativa, acoso laboral, infidelidad en la custodia de la CPU e irregularidades en la contratación de servicios profesionales además de usurpación de funciones. Del análisis de los hechos, el auto precisa en relación a la denuncia por acoso y coacción que «no se aprecia indicios» cuando el 13 de junio el alcalde pidió a la secretaria que entregara las llaves del Ayuntamiento y abandonara su puesto, en base a los autos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que desestimó el recurso del cese de la secretaria, en base a la resolución del concurso de traslados.
El auto descarta una prevaricación administrativa, suscrita en este caso por el Ayuntamiento de Requejo, al sumarse a la denuncia de la funcionaria por incumplimiento del acuerdo de la Agrupación de Secretaría, que integran los dos ayuntamientos y la mancomunidad, de 12 de abril para mantener en su puesto a la exsecretaria. En cuanto a la contratación de servicios profesionales, por parte del alcalde y al margen de la secretaria, según se desprende de su propia declaración «podían ser subsanadas» correspondiendo en todo caso al orden administrativo o contencioso. En la denuncia de usurpación de funciones, la juez de Instrucción, no aprecia indicios de delito además de que «no consta que se hayan ejercido actos propios de una autoridad o funcionario». Sobre la decisión del alcalde de llevarse la CPU del ordenador de Secretaría-Intervención para realizar una copia de seguridad, según el informe de la Policía Judicial, no se ha comprobado manipulación de la unidad en las fechas analizadas, si bien han podido realizarse operaciones de «clonado» de discos que no dejan rastros. Respecto a la denuncia por prevaricación en varios expedientes urbanísticos, Manuel Rodríguez declaró que había transferido esas competencias al teniente de alcalde el 11 de junio de 2011, y no tenía constancia de que las licencias se hubieran concedido de forma irregular.
