La suscripción de un seguro obligatorio contra el lobo por parte de los ganaderos, y la existencia del legendario cánido en territorios donde se mantiene la ganadería en régimen extensivo persisten como los principales puntos de colisión entre la Junta de Castilla y León y los sindicatos agrarios. Así se volvió a poner ayer de manifiesto en la reunión celebrada en Zamora entre representantes del servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y de las organizaciones agrarias Coag, Upa y Asaja. El encuentro estuvo presidido por el delegado Territorial Alberto Castro.

La Junta anima a los ganaderos «a que denuncien todos los casos para así justificar los sacrificios del lobo», y los sindicatos agrarios reclaman «mayor extracción de predadores».

Existe la convicción general de que «cuanto mayor es el número de lobos abatidos, menores son los ataques y los daños registrados». Por otra parte, todos resaltaron el hecho de poner sobre la mesa y debatir el problema del lobo. Ayer, durante tres intensas horas nada menos.

«La Junta de Castilla y León reconoce el problema» expresó, de entrada, Alberto Castro, que diferenció el estatus zamorano, donde el lobo es especie cinegética al norte del río Duero, y especie protegida al sur «porque lo dice la Unión Europa y, por extensión el Ministerio de Medio ambiente; y, por obligación, la Junta de Castilla y León». Dijo que «la provincia de Zamora es la que más ataques tiene y más ejemplares sufre, pero al tiempo es la más eficiente a la hora de aplicar las herramientas» de control del lobo. Remitiéndose a las cifras manejadas, Castro cifró en 52 los ataques contabilizados al sur del Duero en lo que va del año 2012, lejos de los 70 del año pasado, y en 139 los habidos en al norte, también lejos de los 170 del año 2011. Una evolución que le lleva a ser «optimista». Sin embargo, consideró elevado el número de ejemplares atacados, que suman 531 ovejas muertas, 32 de vacuno y seis de caprino al sur del Duero; y «más de 400» en la zona norte.

El delegado Territorial hizo especial hincapié en apuntar el esfuerzo realizado «por adaptar los cupos cinegéticos a la realidad». Esto ha permitido sacrificar 22 ejemplares de los 31 autorizados, más otros dos sacrificados al sur del Duero de los tres previstos. Castro señaló que «un cumplimiento del 70% es un porcentaje muy elevado para una especie que se mueve mucho, por lo que no es fácil cumplir el 100%».

También destacó que «se han autorizado el 100% de las monterías y el 85% (102 aguardos) de las esperas solicitadas». Aludió, además a otras bajas de lobos producidas por otras causas, como los atropellos, que este año suman tres, «dos en Campos y uno en Sanabria».

Castro animó a que «se denuncien todos los ataques porque es la única manera para autorizar el control de densidad de lobo». Según dijo, «con la justificación suficiente se puede buscar la excepción de matar un lobo».

El representante de Coag, Miguel Blanco, afirmó que la Administración «se ve obligada a unas actuaciones más operativas que en el resto de la región gracias a la presión del sector y de las organizaciones agrarias, y a las movilizaciones». Aunque habló de tendencia a la baja en ataques del lobo, Coag pide a la Administración «que no baje la guardia porque el censo del lobo sigue subiendo y lo único que hace que puedan bajar es el cumplimiento de cupos y los sistemas de protección por parte del ganadero (perros, cercados?) que encarecen los costes del ganadero». Blanco aseguró que «la especie sigue aumentando y hay un problema latente que a nada que la Administración rebaje la atención volveremos a cifras de ataques» y pérdidas de ganado «escandalosas.» Para Coag «el censo de lobos aún permite una extracción mayor, y ha pedido aumentar en un 30 ó 40% los cupos, además de una coordinación con los responsables de los cotos para que los cupos se cubran al 100%».